Acuerdo con holdouts: dictamen en Diputados y próximo debate en el recinto

Este miércoles las comisiones de Diputados aprobaron el dictamen para cerrar acuerdos con los fondos buitres Bainbridge y Attestor, que reclaman más de 362 millones de dólares y amenazaban con embargar acciones de YPF, Banco Nación y Aerolíneas.

El proyecto de pago a los holdouts, que ya cuenta con media sanción del Senado y debe votarse antes del 30 de junio, avanzó en Diputados gracias a las 42 adhesiones de diputados oficialistas y aliados que firmaron el dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia.

En medio de la crisis de confianza que atraviesa el gobierno de Javier Milei por los escándalos de corrupción que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo busca mostrar orden y dar señales de gestión, impulsando temas clave como el Súper RIGI y el cierre del conflicto con los acreedores.

Con este paso, el proyecto podrá ser tratado en el recinto la próxima semana, lo que representa un avance en la estrategia del Gobierno para resolver la disputa con los fondos que no habían aceptado los acuerdos anteriores.

En medio de la crisis de confianza en el gobierno de la Libertad Avanza, oficialismo presentó el proyecto como una salida favorable para cerrar litigios con los principales acreedores y evitar riesgos sobre activos estratégicos del Estado.

En el plenario de comisiones, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, defendió el proyecto de pago a los holdouts al señalar: “Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores. Esto produce la finalización de estos juicios y elimina riesgos de embargos”.

Lo acompañó el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, mientras que el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, precisó que el acuerdo implica el pago de USD 362 millones. Además, advirtió que, de no aprobarse, la causa podría reactivarse y derivar en embargos sobre acciones de YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

"Esta ley es un traje a medida para las empresas de inteligencia artificial"

Lo dijo el diputado Agustín Rossi por Unión por La Patria que destacó que así como la ley de inocencia fiscal fue hecha para el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Super RIGI es "un traje a medida para las empresas de Inteligencia artificial" que sólo necesitan del uso sin restricciones de los recursos naturales y beneficios impositivos.

El legislador aprovechó el espacio y citó las declaraciones del presidente Javier Milei en el Financial Times, donde el mandatario celebró que “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Para Rossi, detrás de esa consigna se esconde un esquema que entrega recursos nacionales y debilita la economía del país en beneficio de corporaciones tecnológicas.

“Van a poder usar nuestros recursos naturales, nuestra energía, y todavía no dijeron quién lo va a financiar”, advirtió Rossi. En particular, señaló el impacto de los data centers, que requieren enormes cantidades de agua para refrigeración a vapor. “Esa agua no es reutilizable. Estamos hablando de un consumo de un recurso natural que para nosotros es un derecho humano básico”, subrayó.

El legislador también cuestionó la baja de aportes patronales y los beneficios energéticos que el gobierno ofrece a estas empresas. “Con esas medidas tiran por la borda el argumento del impacto fiscal, porque las obras de infraestructura las va a tener que hacer el Estado”, afirmó.

Otro punto de crítica fue la creación de las llamadas corporaciones no humanas, entidades jurídicas operadas por algoritmos. “Milei llega tarde: hasta Trump escuchó, hasta el Papa León XIII advirtió sobre los riesgos. En ese artículo se plantea que no va a existir ningún tipo de regulación y que habrá ventajas impositivas. Es un modelo hecho a medida de las grandes corporaciones”, denunció Rossi.

Para el diputado, el escenario que impulsa Milei convierte a la Argentina en un paraíso para las empresas de inteligencia artificial, pero deja al país expuesto a una pérdida de soberanía económica y a un uso indiscriminado de recursos esenciales. “Lo que se presenta como modernización es, en realidad, una entrega de nuestro futuro”, concluyó.