Marcha universitaria: el Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

"Si sos víctima o conocés un caso de adoctrinamiento en el aula, podés denunciarlo de forma gratuita y confidencial", añade la publicación, y comparte una dirección de correo electrónico para el caso de las universidades y un número de teléfono para las escuelas.

El enemigo invisible: la cruzada del Gobierno contra el "adoctrinamiento en el ámbito educativo"

No es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se manifiesta en contra de este presunto flagelo en las aulas. En abril de 2024, luego de cuestionar el paro nacional docente de Ctera, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que se enviaría un proyecto al Congreso de la Nación para impulsar cambios en los artículos 11 y 126 de la Ley Nacional de Educación 26.206 para penar el "adoctrinamiento" en las escuelas. A su vez, anticipó que el Ministerio de Capital Humano "se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento", agregó.

Meses más tarde, en diciembre, el presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impedir el "adoctrinamiento" en las escuelas: estableció que "la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal" de los menores.

"Dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento", insiste el decreto en sus considerandos.

Así, la norma incorpora a la Reglamentación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el párrafo: "La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal".