Manuel Adorni se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, en medio de la investigación por enriquecimiento

¿Qué le permitirá esto al funcionario y su pareja? Ya no tendrán la obligación de justificar sus variaciones patrimoniales, ya que la declaración jurada simplificada se limita a presentar ingresos, gastos y deducciones.

Un punto clave dentro de la reglamentación de la norma que aprobó el Senado el pasado 26 de diciembre es que evadir ya no es catalogado como un delito penal, en tanto "quien incumpla y sea notificado resuelva pagando la deuda" que mantiene con el fisco. Sin embargo, aclararon que el apego a esta norma impacta solo en su justificación impositiva y que no bloquea investigaciones por otros delitos, es decir que igualmente deberá dar explicaciones ante la Justicia sobre sus gastos y la propiedad en Indio Cuá.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y está por presentar los números por adelantado. Se van a terminar todas estas mentiras", había asegurado Javier Milei en una entrevista en LN+ el pasado 6 de mayo, hace ya más de un mes. "La 'Ley de inocencia fiscal' probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica", había escrito el jefe de Gabinete el 27 de diciembre de 2025.

Qué dice la ley de "Inocencia Fiscal"

La norma, que entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial. El eje del esquema es un alivio en los controles sobre el origen del patrimonio, a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación y las obligaciones declaradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el organismo recaudador defendieron la iniciativa al señalar que “la Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.

Entre los puntos centrales, la reglamentación eleva de manera significativa los umbrales de evasión: la evasión simple pasa a fijarse en 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se establece en 1.000 millones. Además, se reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a tres años.

Este cambio implica que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no podrán ser investigados por hechos anteriores a partir de 2029.

Otro aspecto clave es la despenalización de la evasión en determinados casos: ante un incumplimiento detectado, el contribuyente podrá regularizar su situación mediante el pago de la deuda, sin enfrentar automáticamente una causa penal. El Gobierno apuesta así a ampliar la base tributaria y a canalizar fondos no declarados hacia la economía formal.