El Consejo Interuniversitario Nacional confirmó que el 12 de mayo se protestará en todo el país para exigir que el Gobierno implemente la ley aprobada por el Congreso. Es la cuarta movilización universitaria en el gobierno de Milei.
Marca federal universitaria.
Las universidades nacionales pusieron fecha para la cuarta marcha federal universitaria para reclamarle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a protestar el 12 de mayo con epicentro en Plaza de Mayo.
El lema de esta cuarta edición de la movilización es "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" y fue acordada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial de docentes y no docentes.
Como en las tres oportunidades anteriores, se espera que se sumen a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad que crea en la defensa y la financiación de las universidades nacionales.
Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, la gestión de Javier Milei no cumple con el proyecto aprobado por el Congreso porque, según su interpretación de la norma, no define fuentes de financiamiento específicas y podría afectar el equilibrio fiscal que defiende el Presidente. La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó a fines de marzo la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.
El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.
"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".
El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.
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