La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Penal Juvenil propuesta por el Gobierno, que baja la edad de punibilidad a los 14 años y establece como pena máxima de prisión hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Ahora, el proyecto será enviado al Senado.
Las principales claves de la Ley Penal Juvenil que aprobó Diputados y tratará el Senado
La Cámara baja aprobó en general el proyecto que impulsa el oficialismo. La edad de punibilidad baja a los 14 años y se determina una pena máxima de prisión de hasta 15 años.
El texto prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión: desde la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, el servicio comunitario y el monitoreo electrónico hasta la reparación integral del daño, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
La ley enfatiza en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, prohíbe cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
También habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Por otro lado, se reconoce a las víctimas del proceso penal juvenil y se garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo para detallar los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal, que se elevan a $23.739.155.303: el Ministerio de Justicia aportará $3.131.996.784 y la Defensoría General de la Nación los otros $20.607.158.518. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.
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