La Justicia ordenó suspender la privatización de Aysa hasta determinar el pasivo ambiental

El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, decretó una medida cautelar que frena el proceso de venta de los activos de AySA que había iniciado el Gobierno porque no contempla los elementos básicos que garanticen el acceso al agua y desconoce la probada existencia de pasivos ambientales en territorio bonaerense.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado a la Justicia que se detuviera todo acto administrativo, como el proceso de privatización, que alterara el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial.

Todo ello, no considerado en el pliego de la licitación de Aysa, pone en riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambienta sano, ambos contemplados en la propia Constitución Nacional.

El juez avaló la posición del defensor del pueblo bonaerense en tanto el derecho colectivo del acceso al agua potable garantiza que las comunidades tengan un suministro suficiente, seguro y equitativo protegiendo el derecho a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social.

El fallo frena la privatización "hasta tanto se efectúe una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional suficiente que garantice la tutela de los derechos comprometidos".

Los argumentos de la Justicia para frenar la privatización de AySA

López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata fundamentando que el esquema de privatización iniciado desde la gestión de Javier Milei no fortalece las obligaciones "de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, no incrementa los mecanismos de recomposición y prevención".

Para el juez, la venta iniciada por el Ejecutivo nacional "tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas", entre otras omisiones, como no considerar los efectos a mediano y largo plazo de los pasivos ambientales que se han constatado como perjuicio para quienes habitan la provincia de Buenos Aires.

Según explicó la Defensoría del Pueblo bonaerense en su cuenta de X, la cautelar alcanza a "los 26 municipios bonaerenses donde presta servicio" la compañía y remarcó que "frena cualquier intento de postergar obras críticas, flexibilizar inversiones o reducir controles de calidad frente al proceso de privatización de la empresa".