La Justicia ordenó peritar el celular del contratista que contrató Manuel Adorni

La Justicia, a través del juez Ariel Lijo, ordenó el peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá. El constructor declaró haber realizado obras valuadas en 245 mil dólares - abonados en efectivo- para el jefe de Gabinete, y el análisis del dispositivo busca esclarecer las comunicaciones vinculadas a la causa.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ayer el peritaje del celular de Matías Tabar y el juez Ariel Lijo lo ordenó esta tarde. El dispositivo fue entregado a la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones (Dajudeco), que intentará recuperar los mensajes, algunos con borrado automático, que Tabar habría intercambiado con el jefe de Gabinete, entre otras comunicaciones relevantes para la causa.

En ese contexto, el testigo declaró que antes de presentarse en Comodoro Py recibió llamadas efímeras de Manuel Adorni a través de WhatsApp, en las que se le habría ofrecido orientación previa a su comparecencia judicial. Pese a ese ofrecimiento, el contratista prefirió descartarlo para evitar complicaciones.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano, quien había solicitado la “inmediata detención” del jefe de Gabinete. La legisladora argumentó un supuesto riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación a raíz de que el funcionario habría contactado a un testigo clave antes de su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Matías Tabar

Entre parrillas, cascadas y jacuzzi, el funcionario le encargó al contratista Matias Tabar distintas modificaciones en la propiedad y, según declaró el arquitecto, fueron abonadas en "efectivo y sin factura".

Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. Asimismo, el contratista fue quien aportó además una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí.

Incluso, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito.