La Justicia contencioso administrativa se declara competente en la pelea por la reforma laboral le quita el caso al fuero del Trabajo

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que ese fuero es el que deberá intervenir en una de las causas clave contra la ley de modernización laboral, en la que el sindicato de judiciales cuestiona la constitucionalidad de varias normas.

La decisión se tomó tras un planteo del Estado nacional, que pidió que el expediente deje de tramitar en la Justicia del Trabajo. El juez hizo lugar a esa solicitud —conocida como “inhibitoria”— y declaró que la causa debe pasar al ámbito contencioso administrativo.

Se trata de la causa iniciada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y en la que se decretó una medida cautelar que suspendió el convenio y la ley que autorizó el traspaso de dicho fuero al ámbito porteño.

En concreto, el nuevo fallo ordena que el fuero contencioso intervenga en el expediente iniciado por la UEJN, que había acudido a la Justicia laboral para frenar aspectos de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo del Gobierno

El Ministerio de Justicia sostuvo que existe un “claro impedimento normativo” para que intervenga la Justicia del Trabajo, ya que una de las normas cuestionadas establece que este tipo de casos deben tramitar exclusivamente en el fuero contencioso administrativo cuando el Estado Nacional es parte.

Además, argumentó que la controversia involucra normas de derecho público y actos estatales, por lo que corresponde que sea analizada por jueces federales. Según planteó, el Estado tiene la prerrogativa de litigar en ese ámbito y “no puede ser sometido a tribunales ordinarios”.

El análisis del juez

Al resolver, el magistrado Enrique Alonso Reguera coincidió en que el eje del conflicto exige interpretar normas de carácter público y que el demandado es el Estado Nacional, lo que inclina la competencia hacia el fuero contencioso administrativo.

En ese sentido, destacó que “para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas de derecho público”, lo que justifica apartar la intervención de la Justicia laboral.

También subrayó que la propia demanda sindical apunta contra actos estatales vinculados a la organización de la Justicia y a reformas legales, lo que refuerza la competencia federal.

Rechazo a acumular causas

Por otro lado, el juez descartó unificar este expediente con otro promovido por la CGT que también cuestiona la reforma laboral.

Si bien reconoció que hay puntos en común, concluyó que no corresponde la acumulación porque los procesos “no tramitan por el mismo tipo” y se encuentran en “diferentes etapas procesales”, lo que impediría su tratamiento conjunto.

¿Qué pasa ahora? ¿Podría ir a la Cámara?

Con esta resolución, el juzgado ordenó comunicar la decisión al Juzgado Nacional del Trabajo N°30, donde tramitaba originalmente la causa, y solicitar el envío del expediente.

En caso de desacuerdo, la cuestión podría escalar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que dirima definitivamente el conflicto de competencia.