La Corte Suprema resolvió que la denuncia contra Patricia Bullrich por represión siga en la justicia federal

La causa se originó tras una presentación del diputado Horacio Pietragalla por un operativo de seguridad desplegado el 4 de septiembre de 2024. La denuncia sostiene que en dicho procedimiento, realizado durante una protesta contra el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.

El conflicto de competencia se inició cuando Martínez De Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, intentó derivar las actuaciones a la justicia ordinaria. El magistrado argumentaba que el caso guardaba relación con una causa previa sobre la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, la cual reglamenta el protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas.

Desde el fuero nacional en lo criminal y correccional rechazaron asumir el expediente bajo el argumento de que “el objeto, la pretensión y el trámite” eran distintos a los de una denuncia por delito de acción pública. Asimismo, la justicia ordinaria sostuvo que la investigación sobre la conducta de una funcionaria nacional en ejercicio de sus funciones debe permanecer en la órbita federal.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, respaldó esta postura en su dictamen ante el máximo tribunal. Casal señaló que una eventual coincidencia en cuestiones jurídicas no modifica las reglas de competencia vigentes ni justifica la acumulación de expedientes de naturaleza procesal dispar.

La Corte Suprema aceptó el criterio de la Procuración y ratificó que no corresponde aplicar reglas de conexidad con causas de habeas corpus previos. De esta manera, el tribunal confirmó que la especificidad de los delitos denunciados —abuso de autoridad y apremios— requiere la intervención de los tribunales de Comodoro Py.

Con este fallo, Martínez De Giorgi queda ratificado como el juez natural de la causa y deberá avanzar en la recolección de pruebas sobre el operativo. La investigación busca determinar responsabilidades penales por los incidentes que dejaron un saldo de 30 heridos, entre ellos ocho trabajadores de prensa, mientras se aplicaba el protocolo antipiquetes.