La Cámara de Diputados retoma el debate para crear el sistema de juicio por jurados

La Cámara de Diputados retomará el martes el debate para la creación del sistema de juicio por jurados, un instrumento pensado para mejorar el servicio de administración de la Justicia a través de la participación ciudadana.

La cita será a partir de las 14:30, en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto le dará continuidad al análisis de los ocho proyectos de ley presentados en la materia, con la particularidad de que el interés por desarrollar este sistema es transversal a la mayoría de las fuerzas políticas.

Así y todo, se trata de una instancia todavía incipiente, de naturaleza más exploratoria y no resolutiva, que enfrenta resistencia corporativos de magistrados que no quieren perder el control de la administración de Justicia.

En la primera reunión que tuvo lugar el 28 de agosto pasado, expusieron los autores de cada uno de los proyectos, mientras que para este segundo encuentro está convocado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

También fueron invitados a exponer el juez de Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Via; los abogados penalistas Roberto Rallin y Francisco Oneto; la presidenta de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (CABA y Provincia), Emilia Valle, y la titular de la asociación Argentina Juicio por Jurados, Silvina Manes.

También el director Ejecutivo de INECIP, Julián Alfie; el presidente superior del Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río; el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, y el fiscal general del Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda.

El objetivo es establecer el sistema de juicio por jurados en el ámbito de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar cumplimiento a una manda constitucional ratificada por la Convención Constituyente de 1994.

Así, un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a propio prisma de apreciación moral.