La banda de los octogenarios: la sociedad que financia el proyecto que busca liberar genocidas

La foto de la reunión entre diputados libertarios y represores de la dictadura militar en el Penal de Ezeiza reveló las negociaciones por un proyecto de ley para que condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados, además de generar un grieta en el bloque oficialista que terminó expulsando a una de sus integrantes.

A partir de la investigación que dejó en evidencia la existencia de sociedades off shore pertenecientes al cura Javier Olivera Ravasi radicadas en Estados Unidos que financian este proyecto, el equipo de Argenzuela descubrió un entramado más complejo que llega hasta los días de la última dictadura militar en el país.

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En una sala de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionaba una estructura liderada por Emilio Massera cuyo objetivo era "apropiarse de los bienes de las personas que se secuestraban" y que luego traspasaba esos bienes falsificando documentación. Se calcula que se traspasaron bienes con los que alcanzaron una cifra de 200 millones de dólares.

"Crearon una empresa que se llamaba Wil-Ri, integrada por Federico Williams y Héctor Ríos, que no existían: eran dos nombres falsos. En realidad los responsables eran Jorge Rádice, uno de los represores más insignes que tuvo la dictadura, y Francis Whamond, que era el encargado de la 'caja negra', conocido como 'El Duque'", explicó Mauro Federico.

Entre otros, quienes participaron de esta sociedad fueron Rubén Jacinto Chamorro, que fue director de la ex ESMA; Jorge Vildoza, capitán de navío de la Armada; y Jorge "El Tigre" Acosta, que actualmente está preso en Campo de Mayo y que fue visitado por los diputados de LLA. Todos estos señalados tuvieron o tienen una vinculación directa con otro de los genocidas detenidos y que aparece en la controversial foto, Alfredo Astiz.

"No es gratuita esta visita, ni humanitaria ni ideológica. No vaya a ser, presidente Milei, que lo estén usando a usted y a su fuerza para hacer un negocio personal con guita afanada al pueblo argentino", advirtió Jorge Rial.

Nueva denuncia de Lourdes Arrieta sobre "financiamiento de parte de los genocidas" para "afectar a la agenda" de Milei

Luego de haber filtrado información sobre los proyectos con que los legisladores libertarios buscaban liberar a represores, la diputada mendocina de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta pidió a la Justicia "indagar si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda" del presidente Javier Milei y compartió la conformación de sociedades en Estados Unidos vinculadas al cura Javier Olivera Ravasi.

Arrieta mostró la madrugada del martes en su cuenta de X (ex-Twitter) información de la orden de Saint Elijah en el estado norteamericano de Georgia, donde figura el el religioso, y de la empresa Palupa Properties LLC en Florida, donde también aparece el nombre de su hermano Martín, reconocido ginecólogo y obstetra de la ciudad de San Luis.

La legisladora sugirió que las compañías financian al cura, señalado como el armador y gestor de la reunión de legisladores oficialistas con represores a la cárcel de Ezeiza.

Lourdes Arrieta