Katopodis, sobre la concesión de las autopistas: "Necesitamos que vuelvan al Estado"

El ministro de Obras Públicas presentará una denuncia penal por irregularidades en los contratos de los accesos Norte y Oeste. Sostuvo que la prórroga otorgada por la gestión de Mauricio Macri fue un "verdadero negociado".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentará una denuncia penal por irregularidades en las concesiones de las autopistas Norte y Oeste que se firmaron durante la gestión de Mauricio Macri, de las cuales el Gobierno ya solicitó la nulidad. "Necesitamos que vuelvan al Estado", aseguró.

"Se va a iniciar una acción legal en la justicia federal, que es el único ámbito que tiene la autoridad y la competencia para anular un contrato. Nosotros necesitamos que este contrato se anule y que las autopistas vuelvan en cabeza del Estado", sostuvo el ministro.



En declaraciones a Télam, Katopodis reclamó que "se interrumpa, se frene este verdadero negociado" de la gestión macrista. "También lo hicieron con el Correo, con las concesiones de participación público privada (PPP) y en cada lugar del Estado que tocaron, aprovechándose para hacer negocios", denunció.

El ministro sostuvo que desde Juntos por el Cambio "vienen planteando que son una expresión de transparencia y honestidad, que a lo largo de su gestión fue un símbolo de hacer las cosas claras, pero el tema de los peajes es un tema más, no el único, donde claramente ese discurso no tiene asidero con la realidad".

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En 2018, la gestión de Mauricio Macri le otorgó una prórroga por 10 años a las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). También reconoció una supuesta deuda por más de u$s813 millones a favor de las empresas.

"Todos los argentinos, cada vez que utilizamos alguna de esas autopistas, estamos contribuyendo, obligados, a pagarles en nombre del Estado nacional esa presunta deuda a estos empresarios. No tiene ningún fundamento ni elemento serio de cómo fue determinada", señaló Katopodis.

El presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos por considerar que son "lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad".

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