El jefe de Gabinete Guillermo Francos dejó esta semana en evidencia, una vez más, la fenomenal aversión que le tiene el gobierno a la búsqueda de consensos y el respeto por las instituciones. Lo hizo al referirse a las vacantes del Poder Judicial cuyo trámite se encuentra trabado en la Casa Rosada. “El proceso de selección de magistrados constituye un procedimiento complejo”, respondió el ministro y luego agregó, como si trabajara en un call center, que se avanzará con el tema “a la mayor brevedad posible”.
El Poder Ejecutivo lleva más de dos años acumulando pliegos en sus escritorios. Sin avanzar con los envíos al Congreso para su aprobación. Entré tanto, cuentan quienes visitan la Casa Rosada o a alguno de sus habitantes de turno, el tema aparece en charlas con gobernadores a los que el presidente Javier Milei necesita contar como aliados en alguna circunstancia. No es él, claro, quien activa ni participa de esas charlas.
Ante la consulta de los senadores, Francos respondió que el Gobierno no tiene plazos para avanzar con el trámite para completar las vacantes. Es cierto, pero frenar el proceso no hace más que debilitar al Poder Judicial y sobrecargar a sus intérpretes que, además, ya tienen una imagen debilitada.
Según información desprendida del Mapa de Concursos del Consejo de la Magistratura de la Nación, al día de hoy hay 184 ternas en trámite en el Poder Ejecutivo para ser enviadas al Senado. Son 184 vacantes que no se completan porque están pisadas en Casa Rosada.
En el informe presentado por el jefe de Gabinete se detalló que existen en total 178 vacantes en la Justicia Nacional de la Capital Federal, 46 vacantes en la Justicia Federal de la Capital Federal y 106 vacantes en la Justicia Federal del Interior. Un verdadero drama.
El Gobierno, en tanto, tiene como principal estrategia en materia de Justicia la de avanzar hacia el sistema acusatorio (para el fuero penal federal) en el que los fiscales asumirán un protagonismo mayor al que actualmente tienen. Serán los que lleven todas las investigaciones. Desplazaran de la marquesina a los jueces.
Allí también hay una gran vacante: la del Procurador General de la Nación. El cargo se encuentra interinamente a cargo de Eduardo Casal -desde la salida de Alejandra Gils Carbó, forzada por el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados- quien ya señaló, respaldado por una larguísima lista de fiscales -entre los que están todos los federales de Comodoro Py- que faltan recursos humanos, materiales y económicos para poder implementar ese sistema en agosto, como tiene previsto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Para el cargo de procurador General, que también requiere consenso del Congreso, la mesa chica del Gobierno tiene un candidato preferido: el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Buscarán instalarlo después de las elecciones. Hay nombres de jueces por si esa posibilidad se trunca. Amerio, por su parte, les dice a los suyos que está cómodo en su actual función y que no tiene interés en cambiar de rol.
¿Justicia?
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta semana la detención de una funcionaria de la provincia de Buenos Aires por el episodio ocurrido frente a la vivienda del diputado José Luis Espert, donde un grupo de personas depositó estiércol de Caballo y colgó un pasacalle en el que se podía leer con claridad: “Acá vive la mierda de Espert”. La ministra no vaciló en colocar a su cartera en el primer plano de la noticia, incluso por encima del Poder Judicial, que es el que debe ordenar una detención.
La acusada es Alesia Abaigar, una funcionaria del ministerio del ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra detenida por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado quien en las últimas horas le negó la excarcelación y la envió al penal federal de alta seguridad de Ezeiza.
La detención de Abaigar, que además padece una enfermedad autoinmune, generó indignación en su espacio político, pero también en jueces y fiscales, que suelen comentar las noticas off the record. No hay ni una sola persona detenida por el disparo de una posta de gas lacrimógeno a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que casi le cuesta la vida; pero detuvieron a tres “por haber dejado mierda en la casa de Espert”. Quienes van mas al fino, incluso, aclaran que no hubo daños a la propiedad y que bastaba con limpiar la vereda por lo que discuten, incluso, que se hubiera tratado de una contravención municipal. “Con estas nuevas leyes -ironiza una fuente consultada- en este país hubiera sido ilegal escrachar a los represores”.
Para mantenerla detenida, la jueza y el fiscal Federico Iuspa refirieron a la condición de funcionaria pública de Abaigar, como si eso significara un peligro procesal que pudiera entorpecer la investigación. “Se parece mucho a aquella teoría macrista del poder residual”, recordó una fuente. El fiscal le atribuyó a Abaigar el haber participado de un episodio que "en principio aparenta ser violencia política, perpetrado por un funcionario público junto a otras seis o siete personas, contra otro funcionario público, concretamente un diputado nacional".
Le atribuyeron el delito tipificado en el artículo 213 bis del Código Penal que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
La resolución judicial fue apelada por el abogado de la detenida, Daniel Llermanos, quien sostuvo que “el fallo no explica de qué manera la función aludida podría entorpecer la acción de la justicia y/o la producción de las pruebas” y remarco que “se trata de un argumento aparente pues la conclusión carece de sustento, lo que permite afirmar que no constituye una derivación razonada del derecho vigente ni adecuado a las circunstancias de la causa”.
Llermanos no le escapó a las cuestiones políticas que atraviesan el expediente. “Mi asistida es militante política, adhiere a la Doctrina Justicialista. Está claro que el Diputado Nacional por la Libertad Avanza, José Luis Espert, ha protagonizado numerosas provocaciones que causaron heridas dentro de ese ámbito. Como es público y notorio, el legislador posee un estilo confrontacional marcadamente ofensivo, especialmente dirigidas a figuras del peronismo, incluida Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia, así como a otros actores políticos. Espert ha mantenido un patrón de discurso misógino, como cuando afirmó que las mujeres se embarazan para cobrar planes sociales, un prejuicio desmentido por estudios”.
El abogado incluyó en el escrito todas las descalificaciones e insultos salidos de la boca de Espert -como cuando se refirió a Florencia Kirchner como una “hija de una gran puta”-, como así también las multiplicadas en sus redes sociales. Calificó al denunciante, directamente, como un provocador que corrió a la justicia cuando respondieron con estiércol a sus provocaciones.
Justicia en ausencia
Otra noticia conocida esta semana permite hablar de justicia en ausencia, aunque en este caso por razones estrictamente jurídicas. Se trata de la decisión tomada por el juez federal Daniel Rafecas en el marco del caso AMIA. Tras un pedido de la Unidad Fiscal de investigación de atentado a la AMIA, acompañada por algunas de las querellas, el magistrado hizo lugar al planteo que tenia por objetivo que se avanzara a la realización de un juicio en ausencia a los imputados por el atentado que mató a 85 personas e hirió a centenares. Son 10 acusados iraníes y libaneses que hace años saben que los busca la justicia argentina, pero nunca se presentaron y fueron declarados rebeldes. Será la primera vez que se aplique la ley que habilito un juicio de esas características, que fue aprobada este año.
“La Justicia Federal argentina habilitó la posibilidad de que se realice un juicio en ausencia a los diez acusados iraníes de perpetrar el atentado a la AMIA . Según el fallo, se trata de ´una herramienta necesaria para asegurar la justicia y evitar la impunidad´. Más allá de los argumentos puramente jurídicos, la resolución no responde a las objeciones planteadas por Memoria Activa, lo que genera demasiados interrogantes, dudas y, lamentablemente, expectativas bajas, muy bajas”, señalo Memoria Activa, una agrupación que reúne familiares de víctimas.
“Queremos un proceso judicial limpio, legítimo, con todas las garantías jurídicas de nuestro sistema penal. Queremos que la causa llegue a su fin porque se encontró verdad y justicia, y no porque debe descartarse al incomodar al poder, que prefiere el silencio y la impunidad. Queremos una causa que no sea utilizada por políticos de turno ni por funcionarios judiciales inescrupulosos, que actúan por intereses propios. De todo eso ya hemos visto suficiente. Sí, queremos justicia en el caso AMIA, pero una justicia en serio, que no sea, como hasta ahora, una justicia en ausencia”, señalaron los familiares.
