Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina entregue los celulares de funcionarios y exfuncionarios

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que Argentina entregue los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios por la causa de Peterson/Eton, en el marco de una audiencia por el juicio por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La Procuración del Tesoro cargó contra la medida y advirtió que se apelará.

En la audiencia, que sólo se realizó para discutir pruebas, Preska solicitó que Argentina brinde información sobre comunicaciones vinculadas a YPF y el Banco Central.

En tanto, ordenó que el país entregue las conversaciones que mantuvieron funcionarios y exfuncionarios y autorizó el discovery, que se trata de un proceso sobre intercambio de información y pruebas, acerca de posibles vínculos de Alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y el Enarsa. Los fondos buitres buscan comprobar una utilización política de la petrolera debido a que afirman que el Estado y la compañía "son lo mismo".

En este marco, la Procuración del Tesoro advirtió que la decisión de Preska es inconstitucional: "La medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República".

Loretta Preska

La jueza Loretta Preska.

"Si bien el caso Petersen se encuentra en apelación, la República ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países", agregó sobre la postura argentina.

También cargó contra el fondo Burford Capital. "Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar 'arrojar arena en los engranajes' de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía", enfatizó.

Por último, expuso los pasos a seguir del país: "La República Argentina está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa".

Los argumentos de Argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en la causa YPF

Argentina presentó el miércoles los últimos escritos requeridos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para que defina la suspensión de la entrega del 51% de sus acciones de la empresa estatal petrolera YPF, dictada por la jueza Loretta Preska. El Gobierno argumentó que el fallo vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.

A partir de esta acción, se busca que el tribunal superior extienda la suspensión de la entrega de acciones de YPF durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.

En el caso Petersen y Eton Park, la presentación de la Argentina, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, destaca que, tal como lo ha reconocido el propio gobierno de Estados Unidos, la orden de entrega de las acciones de la empresa vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un estado extranjero.

Por otro lado, la orden contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino, no han sido utilizadas por la República para actividades comerciales en los Estados Unidos, ni han sido empleadas en la actividad comercial que sirve de base a la demanda. También vulnera principios de cortesía (“comity”) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna.

Por otro lado, los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de “disipación” de los activos.

Los demandantes tampoco demostraron que el país no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación.

Finalmente, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que "el interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida". La ejecución de la orden afectaría a terceros —incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino—, comprometería las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, tal como advirtió el propio Gobierno estadounidense.