Judiciales en primera línea de combate contra la ley de reforma laboral

En medio del plan de lucha de la CGT, el gremio de Piumato lanza un nuevo paro y va a la Justicia. C5N accedió en exclusiva a los puntos clave de la demanda que busca frenar el desmantelamiento del fuero: denuncian la inconstitucionalidad de la reforma y alertan por el riesgo de 1.500 despidos.

Los trabajadores judiciales se plegaron a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo y resolvieron otro paro del fuero laboral a partir de las 9 de la mañana del lunes. Lo harán a la par de una presentación judicial con la que buscarán voltear una reforma que tiende a disolver la justicia nacional del trabajo y amenaza con dejar sin empleo a 1500 personas.

Hace ya más de una semana el el líder de Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, repite que la ley que votó el Congreso viola la Constitución Nacional. “El objetivo es quitar el fuero que garantiza los derechos de los trabajadores”, asegura.

En los últimos días, los trabajadores del fuero laboral dieron forma a una demanda basada en los siguientes elementos, reflejados en un borrador al que accedió C5N de manera exclusiva:

  1. La Violación del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional que establece que los códigos de fondo, como el laboral, deben ser aplicados por tribunales federales o provinciales. La Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, ni antes ni después de la reforma constitucional de 1994.

  2. La Ley 24.588 (Ley Cafiero), sancionada en 1995 para garantizar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital, establece en su artículo 8° que la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación.

  3. Afectación de la independencia judicial y del Ministerio Público: los jueces que pasen a la órbita porteña (si es que pasan y no son directamente excluidos del sistema) podrían ser removidos con mayoría simple en el Consejo de la Magistratura de CABA, a diferencia de los dos tercios que exige el régimen nacional. El decreto afecta la autonomía y autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal y el principio de unidad de actuación, al fragmentar su organización.

  4. El traspaso afectaría derechos laborales como la carrera judicial, los regímenes de ascensos, la jornada laboral, la obra social y la movilidad jubilatoria.

  5. La ruptura del principio de juez natural al derivar conflictos sindicales al fuero contencioso administrativo. El artículo 20 de la ley 18.345 establece con meridiana claridad que “serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes —incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público—, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél”.

Distintos jueces, fiscales y trabajadores del poder judicial coincidieron en remarcar que bajo la apariencia de un traspaso, lo que realmente se busca es eliminar la Justicia Nacional del Trabajo, deshacerse de los especialistas en la materia y moldear el Poder Judicial según sus propios intereses. “Eligen su propio juez”, sostuvo la jueza laboral Andrea García Vior en el marco de una entrevista que le dio a Mañana Sylvestre, en Radio 10.

Otra jueza laboral que se expresó fue María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados. “Nos están diciendo que nos cierran. El Poder Judicial de Nación no ha sido parte, ni mucho menos la asociación de magistrados. Esto no solamente es súper perjudicial para nosotros, que nos dicen ‘ustedes no van a ser más jueces, esto se cierra’, sino que es absolutamente disciplinador para todo el resto que está mirando”, afirmó en un reportaje con el diario La Nación.

En la misma entrevista dijo que “nadie negaba la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires pudiese hacerse cargo de la justicia del trabajo de los habitantes de su ciudad”. Y agregó: “Nosotros veníamos trabajando muy bien, en el marco de una comisión de traspaso y de transferencia de competencias. El proceso venía muy avanzado, con informes, con resultados positivos, y de golpe aparece esto. ¿Se va a poder ir a reclamar a diez juzgados laborales que en este momento están en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros somos 80 y no damos abasto?”.

La actual estructura del fuero laboral nacional cuenta con 80 juzgados de primera instancia (30 de los cuales están vacantes) y 10 salas de Cámara de apelaciones, con tres jueces cada una. Mientras que el acuerdo con CABA prevé una justicia laboral porteña de apenas 10 juzgados y 2 salas.

Los juzgados nacionales vacantes se suprimirán de inmediato, y los que tienen jueces titulares quedarán con una "competencia residual" hasta que se agoten las causas, para luego desaparecer, alertan los trabajadores del poder judicial.

“Tenemos casi 700 mil causas en primera instancia y más de 32 mil en segunda, con solamente 50 jueces”, sostuvo García Vior y luego agregó: “De 80 juzgados, 30 están vacantes. Y de 30 jueces de Cámara, solo somos 17. Después se nos cuestiona la tardanza, pero ¿cómo no va a haber demoras si no se hacen los nombramientos?”.

Entre las críticas a la reforma también aparece una formal vinculada al tratamiento que dio el Senado al asunto sin que se discutiera oportunamente en las comisiones correspondientes. Además hay quienes hablan de un asombroso nivel de improvisación por parte del gobierno nacional. Mientras el Poder Ejecutivo impulsaba la reforma, el Consejo de la Magistratura aprobó ternas para cubrir diez vacantes en la Cámara Nacional del Trabajo, y el Ministerio de Justicia inició los trámites para enviar los pliegos al Senado.

Junto con la demanda, se espera que los trabajadores judiciales reclamen una medida cautelar que suspenda los efectos de la reforma sobre el fuero laboral hasta que se estudie y resuelva la cuestión de fondo. El planteo será presentado ante la justicia laboral aunque ya se puede adivinar que el asunto escalará rápidamente hasta la Corte Suprema de Justicia.

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