Javier Iguacel, el Señor M: de funcionario macrista a empresario mileísta

Javier Iguacel, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri e ingeniero petrolero de profesión, supo construir una carrera saltando de ambos lados del mostrador, combinando su paso por el sector privado con una más que polémica trayectoria en la función pública.

Un informe realizado por Felicitas Bonavitta para Minuto Uno señala que la historia de Iguacel comenzó en 1997 cuando ingresó a trabajar en YPF, compañía que abandonó tras el desembarco de Repsol para recalar en empresas como Pecom Energía y Pluspetrol. Sin embargo, su verdadero salto se daría de la mano de la política.

Tras un intento fallido por alcanzar la intendencia de su localidad, General Sarmiento, en 2015, Macri lo convocó en 2016 para encabezar la Dirección Nacional de Vialidad. Allí, Iguacel asumió el rol de paladín de la transparencia y verdugo judicial: en abril de ese año, impulsó una auditoría sobre las obras públicas en Santa Cruz. Ese fue el germen de la causa que terminaría con la condena e inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner.

Pero mientras señalaba con el dedo y denunciaba los "curros" de la gestión anterior, la suya dejaba mucho que desear: llevó adelante el vaciamiento de Vialidad Nacional al mismo tiempo que le garantizaba suculentos negocios a empresas amigas del macrismo.

Su lealtad fue recompensada con un ascenso. Reemplazó a Juan José Aranguren para asumir como ministro de Energía, una cartera que luego fue degradada al rango de Secretaría. Pero su nombre ya venía acumulando sombras: en 2017, estalló el escándalo internacional de los "Paradise Papers" y allí figuraba Iguacel como apoderado de Pluspetrol Angola, una sociedad offshore radicada en el refugio fiscal de las Islas Caimán.

Su paso por la función pública dejó un tendal de denuncias e irregularidades. Cuando le tocó presentarse como testigo en la famosa causa "Cuadernos", su actuación fue calificada como imprecisa y vaga. No pudo responder a las preguntas de la defensa y la única denuncia concreta que logró recordar (contra la empresa AECSA por la autopista Riccheri) terminó de la peor manera: la Justicia dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito.

A Iguacel tampoco le tembló el pulso a la hora de meterle la mano en el bolsillo a la gente para beneficiar a los suyos. Fue denunciado por compensar retroactivamente a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación, trasladando ese enorme costo directamente a las facturas de los usuarios para favorecer a firmas vinculadas a Macri.

Como broche de oro de una gestión marcada por la inoperancia, dejó un monumento a la incompetencia: inauguró con bombos y platillos un puente ferroviario sobre la Ruta 5 cuyas medidas, por un insólito "error de cálculo", eran tan angostas que no permitían que pasaran los trenes.

Su historia dio un nuevo salto con la llegada del gobierno de Javier Milei. A través de su flamante firma Bentia Energy —creada casi a la par del proceso— e impulsado por el denominado "Proyecto Andes", Iguacel logró adjudicarse 7 áreas maduras de producción convencional en Neuquén.

La jugada levantó suspicacias en la industria: una compañía recién fundada y sin antecedentes operativos directos como operadora pasó a controlar bloques clave de hidrocarburos.