El sumario policial fue de los más escueto: “En el día de la fecha, en la intersección de la Avenida Rivadavia y Entre Ríos siendo las 16.55 horas aproximadamente, se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años de edad, de nombre Beatriz Blanco la cual poseía corte en el cuero cabelludo, es así que se solicitó la ambulancia del SAME”. Lo importante, pero no explicado, era cómo Beatriz Blanco, jubilada, de 81 años, había terminado tendida sobre una de las veredas de la Plaza de los dos Congresos. A algún funcionario policial le pareció inoportuno abundar en detalles. Esa falta de pasión por la narración minuciosa será, ahora, otro hecho a investigar.
El episodio del narrador avaro quedó asentado en la remisión de un expediente de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la Cámara Federal porteña. Tiene que ver con la agresión sufrida por Beatriz Blanco el 12 de marzo último en el marco de la manifestación que protagonizaron los jubilados acompañados por hinchas de distintos clubes de fútbol. Para mala suerte del policía narrador, el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y grabaciones caseras y fue transmitido prácticamente en tiempo real. La jueza porteña Karina Andrade dejó constancia del déficit informativo del sumario en el que se volcó el hecho. Ahora deberá investigar la justicia federal.
La narración policial dista mucho de la imagen que se multiplicó en redes sociales y se repitió en las pantallas de todos los canales de televisión y también de la descripción realizada por la propia mujer en la denuncia penal que radicó ante los juzgados federales de Comodoro Py. Allí relató que fue rociada con una “sustancia lacerante” y luego golpeada en su cabeza. No cayó al piso de casualidad. Ni producto del giro desconsiderado de algún policía federal al que le reclamaba mejor trato hacia los jubilados. El policía aún no fue identificado. Y ese es otro de los brutales déficits del sumario policial.
Todo indica que el episodio que tuvo por víctima a Beatriz Blanco será investigado junto con la feroz agresión al fotoperiodista Pablo Grillo que permanece internado en el Hospital Ramos Mejía tras haber sido alcanzado por una posta de gas lacrimógeno que, según registros fílmicos, habría viajado casi en línea recta desde el arma de un gendarme hasta su cabeza. El gendarme sería el cabo primero Guerrero, según surge de un informe pericial presentado por la familia de Grillo ante la justicia.
La familia del fotoperiodista herido de gravedad, representada por un equipo de abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó ante la jueza María Servini para ejercer el rol de querellante en la investigación y reclamar una serie de medidas de prueba.
La jueza, de todas formas, se mantiene desde hace días en la tesitura de que todas las causas por la represión policial del 12 de marzo deben tramitar juntas ante el juzgado federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo. La jueza asegura que allí está el expediente donde se registraron las primeras noticias de los hechos, provenientes del juzgado 14 de la Cuidad de Buenos Aires, por intervención de la policía porteña.
En la resolución con la que trabó un conflicto de competencia, la jueza precisó que en la causa que le tocó al juzgado federal 12 se incluyó el sumario 174370/2025 de la Policía de la Ciudad en el que ya se ordenó recibir declaraciones testimoniales al personal interventor, al personal del SAME que asistió a Grillo, la remisión de la historia clínica del damnificado y comisión de cámaras y testigos, “por lo cual, aquella causa no solo se inició con anterioridad, sino que también se encuentra en un estado más avanzado”.
“Tanto las lesiones sufridas por Pablo Grillo como por Beatriz Blanco, según lo que se visualizaba en imágenes públicas, habrían sido ocasionadas por personal federal en el cumplimiento de órdenes del Ministerio de Seguridad, sumado a lo cual el carácter del operativo (que protegía al Congreso de la Nación), y los diversos acontecimientos denunciados se suscitaron en el marco de un operativo de seguridad con intervención de las referidas fuerzas federales, justificaban la intervención de este fuero”, resumió la jueza.
Para los investigadores, no quedan dudas de que el tema debe ser analizado por la justicia federal. A pesar de que la Procuraduría especializada en investigar la Violencia Institucional (Procuvin) radicó las primeras denuncias ante la justicia nacional. La pregunta que se hacen en Comodoro Py por estas horas es hasta dónde escalará la investigación.
La familia Grillo ya dio el primer paso y pidió que se determine la posible responsabilidad de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el director nacional de la Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni y toda la línea jerárquica, hasta el gendarme que gatilló. Solo así podrá frenarse la espiral de violencia institucional.
