El Gobierno cerró la Unidad de Investigación por la Desaparición de Niños y Niñas durante la última dictadura cívico-militar, que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y se creó en 2004 a través del Decreto 715, que le otorgaba facultades a esta comisión para compulsar documentación e información dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la Jefatura de Gabinete e incluso sus organismos y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a través del Decreto 727 del presidente Javier Milei se disolvió este organismo. En un comunicado, la Presidencia alegó que "violentaba el principio de división de poderes" ya que el artículo 109 de la Constitución Nacional dispone que ni el presidente de la Nación ni el Poder Ejecutivo puede arrogarse facultades del Poder Judicial.
A su vez, alegó que violenta el derecho a la intimidad. Pero el derecho a la identidad es superior al derecho a la intimidad, ya que establece el derecho al bienestar general que está dispuesto en el preámbulo de la Constitución Nacional. Ante esta situación la provincia de Buenos Aires abrió una unidad especial con similares tareas para preservar las políticas de memoria, verdad y justicia.
Desmantelamiento de la Conadi: el Gobierno eliminó la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados
En el marco del desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Gobierno publicó a través del Boletín Oficial la eliminación de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados mediante el decreto 727/2024. Esto se debe a que priorizan el derecho a la Identidad hacer investigaciones y acceder a archivos del Estado.
Considera que la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado “contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias”.
Agregan también que no tienen sustento constitucional que “un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tiene prerrogativas de índole jurisdiccional o que corresponda al Ministerio Público Fiscal.
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Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS repudiaron el desmantelamiento de la Conadi.
El organismo se encargaba de “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”; y “requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento”.
También asegura que “no debe soslayarse el artículo 19 como el artículo 43 de la Constitución Nacional que protegen el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este puede ser objeto de injerencia en la medida que exista una orden judicial”.
“Por los fundamentos expuestos, corresponde considerar que el Decreto 715/04 invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional”, indica.
