Abuelas de Plaza de Mayo y la Red Nacional de HIJOS repudiaron este miércoles el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) anunciado por el Gobierno. Mediante dos comunicados denunciaron “una nueva embestida” contra la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar y exigieron que se restituya su pleno funcionamiento “para terminar con la impunidad”.
“Desde la comisión hermanxs de HIJOS repudiamos enérgicamente cierre por decreto de parte del gobierno nacional de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), que funcionan en el ámbito de la CONADI”.
En el mismo, exigen que “se restituya su pleno funcionamiento, para terminar con la impunidad de las apropiaciones y hacemos responsables además del gobierno de Milei y Villarruel, a todos los y las legisladoras que mediante su voto le dieron al gobierno nacional la capacidad excepcional de tomar decisiones inconsultas como es en este caso”.
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Por su parte, en la web de Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer un escrito titulado "No permitamos que la impunidad avance: la búsqueda sigue". Allí fueron en la misma sintonía de HIJOS: "Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, con la confirmación del decreto publicado en el Boletín Oficial que elimina la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).
"La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras", agregaron.
En tal sentido, exigieron al Gobierno que "informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad". "El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia", detallaron.
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En el escrito, publicaron "al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir".
"Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años. El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia", remarcaron.
En el final, pidieron a las autoridades correspondientes que "concreten la reunión del Consejo asesor de la Conadi, cuyos miembros -entre ellos representantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación- vienen solicitando desde que trascendió el proyecto de decreto. El Gobierno debe informar cómo garantizará la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino".