“Bello Cabral, te vamos a vengar”. La frase retumbaba como un eco en las marchas estudiantiles de mayo de 1969. Se escuchaba en los pasillos, en las asambleas, en las calles tomadas por jóvenes que empezaban a perder el miedo. Juan José Cabral, al que muchos llamaban “Chelo”, era un estudiante de Medicina correntino asesinado por la policía el 15 de mayo durante una protesta contra el aumento del comedor universitario. Su muerte se convirtió en bandera y en advertencia de que algo estaba empezando a romperse en la Argentina, algo que no se toleraba más.
Por aquellos días, los “azos” comenzaban a multiplicarse. El Correntinazo, el Rosariazo y, finalmente, el Cordobazo, más que protestas, se convirtieron en la respuesta que la sociedad le daba a las políticas económicas, laborales y educativas del Onganiato.
¿Pero cómo se llegó hasta ahí? ¿Por qué los estudiantes ocuparon un lugar tan central en aquella rebelión? ¿Y por qué, más de medio siglo después, resulta imposible no encontrar algunos puntos de contacto con los debates que atraviesan hoy a la universidad pública argentina?
La autodenominada Revolución Argentina había llevado a Onganía al poder el 29 de junio de 1966. El régimen se presentaba como una experiencia de largo plazo. Sus ideólogos hablaban de cuatro décadas de permanencia en el gobierno para corregir lo que consideraban los males estructurales del país. El dictador se imaginaba construyendo una especie de franquismo criollo, respaldado por los grandes grupos económicos locales y por los Estados Unidos en plena Guerra Fría, obsesionados con cualquier expresión política o cultural que oliera a reformismo, izquierda o simplemente pensamiento crítico. Comunismo era mala palabra.
Sin embargo, Onganía, que pretendía durar generaciones en el poder, apenas sobrevivió menos de cuatro años. Alcanzó, eso sí, para dejar heridas profundas.
La universidad pública se convirtió rápidamente en uno de sus principales objetivos. Para el gobierno militar, las facultades eran focos de agitación política y producción intelectual subversiva, por lo que había que disciplinarlas, controlarlas y vaciarlas de toda discusión y debate político.
Apenas un mes después del golpe, la dictadura intervino las casas de estudio nacionales mediante el decreto-ley 16.912, que eliminó la autonomía universitaria y prohibió la actividad política estudiantil. La respuesta de docentes y alumnos fue ocupar facultades.
La respuesta del gobierno fue enviar a la policía para reprimirlos. La noche del 29 de julio de 1966 quedó grabada en la historia como la Noche de los Bastones Largos. Profesores, investigadores y estudiantes fueron golpeados, detenidos y expulsados de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Las imágenes recorrieron el mundo y marcaron uno de los golpes más brutales que recibió el sistema científico argentino.
De inmediato, centenares de docentes renunciaron, otros fueron desplazados y muchos investigadores de prestigio internacional hicieron las valijas y continuaron sus carreras en el exterior. La ciencia argentina sufrió una pérdida cuyos efectos tardaron décadas en repararse.
Pero la ofensiva no terminó allí.
En 1967, el gobierno avanzó con una nueva Ley Orgánica Universitaria que reforzaba el control político sobre los claustros, limitaba la participación estudiantil y buscaba moldear una universidad obediente. Se restringieron actividades gremiales, culturales y políticas. Se endurecieron los requisitos académicos y se instaló una vigilancia ideológica permanente alimentada por la paranoia anticomunista de la época. En búsqueda de una universidad silenciosa y disciplinada, lo que se consiguió fue exactamente lo contrario. La persecución, la censura y la represión terminaron empujando a miles de estudiantes a la militancia y a la movilización.
Por eso, cuando asesinaron a Juan José Cabral en Corrientes, la noticia recorrió el país como una descarga eléctrica. Días después, Rosario también saldría a la calle. La represión volvería a dejar muertos. Y finalmente Córdoba, donde confluyeron estudiantes y trabajadores, se transformaría en el escenario de una de las mayores rebeliones populares de la historia argentina.
El 29 de mayo de 1969 estalló el Cordobazo. Obreros metalúrgicos, mecánicos, estudiantes universitarios y secundarios desafiaron juntos a la dictadura. Durante horas la ciudad quedó fuera del control del gobierno. Fue una impugnación política completa a un régimen que había intentado disciplinar a la sociedad mediante el miedo. Y fue precisamente esa alianza entre trabajadores y estudiantes la que terminó marcando el principio del fin para Onganía.
Más allá de la efeméride, resulta inevitable observar lo que está ocurriendo en el Nacional Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini y en tantas facultades del país con una mirada crítica hacia el Gobierno nacional, porque si bien es cierto que las circunstancias y las épocas son radicalmente distintas y que nadie puede comparar la decisión de una dictadura con las resoluciones de un gobierno democrático, existe un punto de contacto incómodo pero evidente y es que la injusticia que se está cometiendo con la universidad pública vuelve a movilizar a nuestra juventud, quienes no solo proclaman la defensa de sus aulas, sino también la permanencia y continuidad de sus profesores, muchos de los cuales ya han tenido que abandonar el sistema por la escasez de sus salarios, que hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Las tomas, las asambleas y las movilizaciones de estos días expresan la preocupación frente al desfinanciamiento universitario, el deterioro presupuestario y la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de educación superior. Los estudiantes reclaman además la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y cuestionan la decisión del gobierno de Javier Milei de bloquear su implementación.
En ese escenario apareció incluso una figura inesperada. Francisco Pitrola, un estudiante secundario que ganó notoriedad durante las protestas, se transformó para muchos jóvenes en una voz representativa de esta nueva generación, multiplicando en redes sociales y en las calles un reclamo que excede a una escuela o a una facultad, un pibe que en su discurso logró incluso derrotar a muchos periodistas críticos de la idea de la toma.
Lo notorio de todo esto es que los fantasmas siguen siendo casi los mismos frente a una discusión que viene atravesando desde siempre la política argentina, y que no es ni más ni menos que “el lugar” que los argentinos queremos que ocupe la educación pública en el proyecto de país que imaginamos.
En las dos manifestaciones llevadas adelante en 2024 y 2026 en defensa de la universidad pública, quedó claro que una enorme mayoría de los argentinos quiere sostenerla. Lo que queda por ver ahora es si el gobierno está dispuesto a escuchar ese reclamo o si continuará postergando cualquier solución concreta.
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Las universidades ya explicaron el problema. Los estudiantes ya salieron a la calle. El Congreso ya sancionó una ley. Lo único que sigue faltando es voluntad política y una verdadera decisión de sentarse a resolver el conflicto.
También es cierto que muchas de las respuestas oficiales parecen orientadas más a prolongar la discusión que a encontrar una salida. Y es allí donde surge el cuestionamiento de si el desfinanciamiento se sostiene en el tiempo, si los salarios docentes continúan deteriorándose y si las condiciones para enseñar y estudiar siguen empeorando; ¿no termina produciéndose por desgaste aquello que no podría lograrse por decreto?
Porque, en vistas a la potencia del reclamo, cerrar una universidad se plantea como una decisión difícil de justificar, pero asfixiarla hasta que profesores y estudiantes abandonen sus aulas parece un método más silencioso, sencillo y eficaz… Pero también mucho más cruel y perverso.
