El Gobierno y una danza al compás de los tiempos de la Justicia

“Vamos a dar una respuesta rápida. No puede pasar que en lugar de una autopsia se haga antropología institucional, y que recién en cuatro años digamos si hubo o no alguna irregularidad”, afirmó el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, en el marco de una entrevista que concedió al programa Conflicto de Intereses en Radio 10.

Así, confirmo que en los próximos días empezarán el trabajo que les encomendó el Poder Judicial para la causa en la que se investigan los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nacional (BNA) a funcionarios públicos y a legisladores oficialistas o aliados al Gobierno de Milei.

Se trata de un análisis amplio de la política de créditos hipotecarios del banco estatal. La idea es determinar si la gestión mileísta promovió una flexibilización que habilitó el amontonamiento de funcionarios públicos en busca de esos créditos. La pregunta a responder es si hubo irregularidades o privilegios para funcionarios que no tienen estabilidad en el cargo y que accedieron a sumas que otros no pueden obtener.

El presidente de la AGN detalló que el pedido que les hizo el juez Ariel Lijo no será remitido a “ningún equipo, gerencia o subgerencia”, sino que será el propio colegio de auditores el que se constituya en comisión y le responda al juez. No hay tiempo que perder.

Entre las primeras pruebas, el juez Lijo también le pidió al BNA los legajos crediticios de los funcionarios denunciados. Habían accedido a créditos millonarios. Se destacan dos: Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Juan Pedro Inchauspe (director del Banco Central).

Esta semana, además, Lijo respondió un planteo de su colega María Eugenia Capuchetti que le había dicho que debía inhibirse y mandarle las actuaciones. El magistrado rechazó la idea. Su argumento: la primera denuncia cayó en su juzgado, y él ya tiene una causa en curso. Capuchetti, en cambio, tiene una denuncia sin impulso fiscal.

Desde el Gobierno siguieron ese ida y vuelta entre juzgados. En silencio, pero atentos. En despachos oficiales admiten que hubieran preferido que interviniera Capuchetti.

El caso BNA es uno de los tantos escenarios donde la interna del gobierno: en el sector de Karina Milei sospechan que la filtración sobre los créditos salió del sector de Santiago Caputo. ¿Paranoia o realidad? Lo cierto es que queda poca confianza en eso que antes presentaban como un triángulo de hierro.

Hubo otro movimiento en un expediente judicial que sí le sacó una sonrisa —o al menos una mueca— al Gobierno. Está vinculado al caso de las coimas, sobreprecios y direccionamiento de contratos en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS). Allí el juez Lijo ordenó un peritaje de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se escuchaba hablar de pagos indebidos. El magistrado pidió analizar “origen y veracidad”. Habrá que establecer si hubo “algún tipo de adulteración y/o adulteración”.

Lijo lo decidió en el marco de un incidente de nulidad, siguiendo los lineamientos de la Cámara Federal porteña. El dato que celebró el gobierno: el estudio se le encargó a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Esa fuerza depende de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Otra fuerza bajo las órdenes de la sucesora de Patricia Bullrich será la encargada de un peritaje en la causa $LIBRA. Ese expediente investiga el nivel de involucramiento de Milei con el lanzamiento de esa criptomoneda. Y si cobró algo a cambio de difundirla en sus redes sociales, justo después de que fuera creada, cuando el mundo todavía no la conocía.

libra milei

El fiscal federal Eduardo Taiano le pidió al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal un informe que “describa el proceso de creación y lanzamiento del criptoactivo conocido como $LIBRA y explique las alternativas disponibles para su adquisición”. La medida llega tarde, según las querellas, pero es ineludible para avanzar.

“El análisis deberá contemplar todas las transacciones entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Precisando monto, horario y patrones relevantes en la compra y venta del criptoactivo”, dispuso el fiscal. Quizás, por fin, queden identificados los poquísimos que lograron comprar $Libra cuando valía casi cero y vender a casi 5 dólares. Para embolsar millones. En rigor, se busca despejar la incógnita sobre quiénes operaron con información privilegiada.

“Ese estudio deberá extenderse —además— a las transacciones atribuidas a Hayden Mark Davis el 30 de enero y los días 3 y 13 de febrero de 2025, a través de los exchanges Gate.io y Bitget”, solicitó el fiscal.

Esos movimientos pueden ser claves en la investigación. En esas fechas se hicieron transferencias millonarias que, según la comisión parlamentaria investigadora del caso $LIBRA, fueron a parar a billeteras de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los criptobros de Milei. Esas fechas también son clave: el 30 de enero Davis estuvo en la Casa Rosada; el 4 de febrero Novelli abrió sus cajas de seguridad en un banco; y el 14 de febrero se lanzó Libra.

El Parlamento también produjo movimientos que impactarán en expedientes judiciales. Al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se le quemó el guion que había preparado para ir al Congreso a defender la gestión del Gobierno. El diputado Rodolfo Tailhade le preguntó por qué su esposa, Bettina Angeletti, usaba un auto y custodia oficial para asuntos de su vida personal.

Adorni

Redes sociales

Lejos de desmentir, Adorni lo confirmó de manera indirecta. “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso”, leyó el ministro, en un acto de involuntario sinceramiento.

“Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Sé que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero, pero lo que sugieren es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y a su familia”, continuó. Finalmente, dijo que no dudaría en hacer una denuncia penal.

Lo que Adorni pasó por alto en sus leídas respuestas fue que, mientras él exponía en el Congreso, el portal LPO publicó una nota sobre el uso que su familia habría hecho de la custodia oficial cuando él era vocero y, por cargo, no le correspondía tenerla. Luego ocurrió la pregunta de Tailhade.

La denuncia prometida por el jefe de Gabinete todavía no llegó. Lo que sí pasó fue que el diputado que introdujo el tema en el Congreso apareció en varios medios diciendo que estaba ansioso por llevar toda su información a los tribunales.

El cruce del miércoles en la Cámara Baja podría derivar en una nueva denuncia contra Adorni y su esposa por peculado si se comprueba que la familia del jefe de Gabinete y exvocero dispuso de bienes del Estado como si fueran propios.

Tailhade había deslizado en su intervención que Angeletti tenía a su disposición un auto con custodia. Y que lo usaba para ir a la manicura o a un bar en Palermo.

Manuel Adorni Bettina Angletti Casa Rosada

La revelación generó ecos en la Rosada. Más allá de la amenaza de denunciar al diputado, no hubo desmentidas. Al contrario: con el correr de las horas empezaron a brotar detalles. Desde el propio oficialismo acreditan que Adorni tuvo custodia desde sus primeros días como vocero.

¿Existió alguna amenaza contra el ahora jefe de Gabinete que derivara en una denuncia judicial y en que un juez le asignara custodia? En la Rosada nadie tenía esa información. Pero atribuían la decisión a Karina Milei.

“Cuando Adorni era vocero, contaba con custodia compuesta por personal de la custodia presidencial”, informaron fuentes calificadas. Tenía dos móviles asignados, detallaron. Uno para él. Otro para su esposa o su familia.

Eran móviles y policías que debían empezar sus tareas a las 7 de la mañana en la Quinta de Olivos. Pero les cambiaron el destino. Los pusieron a disposición de la familia de Adorni, el “rockstar” del oficialismo, como lo definían por esos días.

Los viajes de la custodia empezaban en el edificio que Adorni habitaba en la Avenida Asamblea. Cierto malestar se extendió por despachos de la Rosada cuando allí trascendió —mucho antes que en cualquier otro lado— que esos autos de custodia debían acompañar a la familia Adorni al club de golf Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Un detalle no menor: los viajes a Exaltación de la Cruz excedían el kilometraje que la custodia podía hacer sin generar gastos adicionales. La pregunta es si alguien pagó alguna vez por eso. O si la apropiación de bienes del Estado incluyó el no pagar lo que corresponde. La respuesta, se adivina.