Día de la Libertad de Prensa: el plan de Javier Milei para convertir al periodismo en el "enemigo"

El 3 de mayo fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en homenaje a la Declaración de Windhoek, el documento que en 1991 defendió una prensa independiente y pluralista, lo que implica un llamamiento que se estableció para recordar que una ciudadanía consciente necesita libertad de expresión como parte de una democracia adulta y sana, y que no hay democracia que aguante demasiado tiempo sin prensa libre.

En este 2026, la conmemoración llega bajo el lema “Tallando un futuro de paz”, con conferencia global en Lusaka, Zambia, mientras el mundo vive una fuerte y sostenida caída de la libertad de expresión, acompañada por un alza en la autocensura, la desinformación y el uso nocivo de una inteligencia artificial cuyos alcances aún desconocemos. Así, una efeméride aparentemente sencilla adquiere una dimensión mayor, dejando de ser recordatorio para convertirse en alarma sobre el deterioro del espacio público a escala global.

En nuestra golpeada Argentina, la fecha se vuelve emblema de la ironía. Este lunes 4 de mayo se reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada, tras 11 días de permanecer cerrada, con una conferencia que llevará adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El cierre había sido impuesto por el gobierno de Javier Milei luego de que la Casa Militar denunciara por presunto espionaje ilegal a dos periodistas de la señal TN tras la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada.

Lo cierto es que aquella poco feliz decisión terminó de dejar al descubierto el deterioro de la libertad de prensa en la era Milei, y los constantes insultos a los que son sometidos muchos trabajadores del sector, de manera sostenida. La medida tuvo eco inmediato en la prensa internacional, que no dudó en criticarla. La agencia Reuters informó sobre la restricción a los periodistas acreditados y consignó que los obispos argentinos pidieron diálogo tras el bloqueo; AP describió el episodio como parte de una “guerra” creciente contra el periodismo, con credenciales retiradas, insultos en redes y un clima de hostilidad alimentado desde el propio poder. Al Jazeera también registró la preocupación por el carácter restrictivo de la decisión.

En paralelo y durante la misma semana, el nuevo informe de Reporteros sin Fronteras mostró que Argentina cayó 11 puestos en el índice mundial de libertad de prensa de 2026 y quedó en el lugar 98, mientras que el Buenos Aires Herald y el Buenos Aires Times subrayaron que, desde la llegada de Milei, el país acumula un retroceso sostenido en el ranking y una presión inédita sobre el trabajo periodístico. Muchos analistas coinciden en que las críticas internacionales hicieron mella en el ánimo del gabinete nacional, al punto de forzar el levantamiento de la restricción.

La imagen es clara: estamos frente a un Gobierno que trata a los periodistas como enemigos, que confunde control del relato con autoridad política y que responde a la crítica con desprecio; no fortalece la democracia, sino que la debilita, enrarece el clima y empuja hacia una lógica de amedrentamiento permanente.

Cabe recordar que, a manera de advertencia sobre una situación que se repite, el pasado 2 de diciembre se presentó en el Senado el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025. El relevamiento describió un empeoramiento del clima para trabajar en los medios y registró un 66% más de agresiones a periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa durante coberturas de manifestaciones respecto de 2024.

Lo que debería quedar en claro, en toda esta cuestión, es que la libertad de expresión no es una concesión de un gobierno de turno. La Constitución argentina la protege desde 1853, al garantizar publicar ideas sin censura previa y al prohibir leyes que restrinjan la prensa, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, reconoce el derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio.

Lo que hace el Presidente está condenado y lo que él presenta como un acto de valentía y afrenta al enemigo, no es otra cosa que la erosión de una garantía básica de la ciudadanía.

Milei periodistas

La recuperación de la democracia supuso el fin de una época en la que, entre 1976 y 1983, el terrorismo de Estado convirtió la censura en un instrumento sistemático. Reporteros sin Fronteras describe ese período como uno de los más oscuros para el periodismo argentino, en el que la persecución, los asesinatos, las desapariciones y una maquinaria represiva transformaron la autocensura en una forma de supervivencia.

La apertura democrática no borró esa herida, pero sí reabrió, lentamente, el pluralismo como condición de la vida pública. Más tarde, la reforma de 1994 reforzó esa protección al incorporar tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), la libertad de prensa transitó una relación compleja y tensa. Aunque se privatizaron medios estatales y se eliminó el delito de desacato, su gestión estuvo atravesada por enfrentamientos con periodistas, demandas por difamación y declaraciones polémicas, como la tristemente célebre “libertad del palo”, que sugería respuestas físicas frente a lo que consideraba abusos de la prensa. La reacción fue inmediata, incluso a nivel internacional, y terminó en una disculpa pública.

Paradójicamente, fue el mismo Menem quien firmó en 1994 la Declaración de Chapultepec, un documento clave que establece principios para proteger la libertad de expresión en las Américas. Su gobierno osciló así entre el discurso democrático y prácticas de presión sobre el periodismo crítico.

Con Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto tomó otra forma: se defendió la libertad de expresión como derecho universal y se impulsó la Ley de Medios con el argumento de democratizar la palabra y limitar monopolios. Sin embargo, la confrontación con sectores del periodismo fue intensa, y no faltaron denuncias por presiones y tensiones que encendieron alertas dentro y fuera del país.

En 2009, el Congreso argentino aprobó la reforma impulsada por Cristina, quien eliminó las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias. Se buscaba adecuar la legislación a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eliminando la posibilidad de aplicar penas de cárcel por calumnias e injurias. La propia Fernández de Kirchner envió el proyecto al Congreso tras defender la libertad de expresión y respondiendo a una condena internacional previa contra el Estado argentino en la Corte Interamericana.

Pero es en la actualidad donde la tensión adquiere un carácter más áspero, más directo y más peligroso. Desde 2023, el deterioro fue in crescendo.

El cierre de Télam, el despido de trabajadores de medios públicos y la amenaza constante de desmantelarlos, los ataques legales y financieros a periodistas, las restricciones en Casa Rosada y un hostigamiento constante desde el discurso oficial configuran un escenario donde informar deja de ser solo un trabajo para convertirse en un riesgo.

Pablo Grillo

NA/Mariano Sánchez

Ese riesgo también tiene nombre propio y es el de Pablo Grillo, el fotoperiodista independiente que fue gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando una granada lacrimógena disparada por la policía le impactó en la cabeza mientras cubría una protesta. La imagen es brutal, pero también elocuente porque retrata con precisión el clima de época.

Estamos frente a un problema complejo, agravado por un dato central que es que el presidente no reconoce sus agravios ni su agresividad constante. Por el contrario, los reivindica como gestos de valentía frente a una militancia que lo celebra, lo que convierte la agresión que viene desde “arriba” en una virtud, lo que pone a nuestra democracia en zona de riesgo.

La reapertura de la Sala de Periodistas deja entonces una pregunta de difícil respuesta. Es que ¿vuelve la relación con la prensa… o el león simplemente abre la jaula para que entren sus peores enemigos?