El Gobierno se apresta a nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema

Por su parte, desde el Palacio de Tribunales se referenció en los últimos días que si el Gobierno finalmente se inclina por los decretos "en comisión" para completar el máximo Tribunal, quienes fueran nombrados deberán renunciar a sus cargos previo a cualquier jura.

En caso que ello ocurra, por ejemplo, Lijo debería dejar su cargo como juez federal para asumir en la Corte Suprema, puesto que podría ser dado de baja en un plazo de ocho meses si no logra el aval definitivo en el Congreso de la Nación y su participación se esfume de manera definitiva.

Es necesario recordar que los jueces de la Corte Suprema son designados mediante un procedimiento establecido en la Constitución Nacional, en el cual el Poder Ejecutivo propone los candidatos pero es el Senado el que debe prestar acuerdo para su nombramiento.

Por eso, y ante la posibilidad que los nuevos integrantes surjan por un decreto presidencial, desde Unión por la Patria ya adelantaron que se rechazará al mismo. Así se lo hizo saber en un escrito el presidente del bloque, José Mayans, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.