El Gobierno prorrogó el plazo para rescindir contratos con empresas estatales

El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre el plazo para que las empresas estatales y organismos finalicen los contratos con compañías en las que el Estado tenga una participación accionaria y hayan tenido beneficios en el abastecimiento de bienes y servicios.

La resolución de la administración libertaria fue formalizada en el Decreto 591/2025, que fue firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que prorrogó el período anterior que era hasta el 22 de agosto por el DNU 747/2024 con el que se habían anulado la obligación de los organismos nacionales de ejecutar operaciones sólo con determinadas compañías públicas.

Milei y Sturzenegger

Federico Sturzenegger junto a Javier Milei.

En tal sentido, el Gobierno había suprimido la obligatoriedad de que los empleados públicos cobren su sueldo a través del Banco Nación y permitió que lo perciban mediante 11 bancos privados y estatales, entre ellas el Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle.

En tanto, la normativa prorrogada también incluye la nulidad de la obligación de comprar combustibles y lubricantes sólo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la contratación de vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar, además de contratar seguros sólo con Nación Seguros.

El Gobierno avanza en la privatización de AySA

El Gobierno puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Los pasos incluyen la contratación de un banco para tasar las acciones del Estado en la compañía y su posterior venta en mercados de capitales en un plazo de ocho meses.

La medida se implementó a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordena a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

Economía precisó que la agencia deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

Semanas atrás, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".