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El Gobierno enviará una nueva Ley de Salud Mental: qué busca reformar el oficialismo

Lo comunicó Manuel Adorni a través de sus redes sociales. Los cambios claves en la normativa que busca darle más potestad a la familia de los pacientes y habilita a la justicia a intervenir en casos extremos.

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  • En un nuevo intento para recuperar la agenda mediática y para intentar disipar la atención del escándalo que tiene a Manuel Adorni como protagonista, el Gobierno anunció este martes que enviará al Congreso el proyecto de una nueva Ley de Salud Mental con la que buscará abordar uno de los reclamos más vigentes de las familias de pacientes y profesionales de la salud. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete luego de la reunión que encabezó este lunes en Casa Rosada junto al resto de los ministros.

    Según confiaron fuentes del Gobierno a este medio, la redacción del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Nación que conduce Mario Lugones y contó con la colaboración de referentes y profesionales de la materia. Además, se realizaron una serie de encuentros y entrevistas con familiares, pacientes y actores del ámbito judicial y legislativo para conocer de primera mano las deficiencias que arrastra la actual legislación, vigente desde el 2010, que en los últimos años comenzó a ser objeto de reproche en el ambiente de la salud por su desfase.

    La intención, afirman desde el oficialismo, es que esta nueva legislación logre “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia.” En este sentido, desde la cartera sanitaria advierten que se buscará clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción.

    Esta no es la primera vez que el gobierno de Javier Milei busca sancionar una modificación en materia de salud mental. La primera versión de la Ley Bases, presentada a inicios del 2024, también buscó modificar algunos puntos de esta normativa, pero la amplitud del temario, la inexistente cintura política del por entonces neonato LLA y la endeble alianza con el PRO impidieron que el tratamiento avanzara y el mismo quedó sin efecto.

    Qué dice el proyecto de Salud Mental del Gobierno

    Entre los principales cambios que buscarán implementar con este nuevo texto, la intervención de las familias y, en casos extremos, de la justicia estarán más garantizadas. En este sentido, se propone implementar un nuevo enfoque sobre "situación de riesgo", en el que, en caso de aprobarse, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.

    En este punto, desde Salud advierten que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida. Según ejemplifican desde la cartera, en caso de urgencia, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.

    Otro de los cambios sustanciales advierte una modificación en lo que se considera un “padecimiento mental”, un término “ambiguo demasiado amplio para la práctica clínica, lo que puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención”, explican. En este sentido, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.

    Además, se buscará que la aplicación de la nueva ley sea sin discreción en todo el territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre con la normativa actual. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente y, de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. De revertirse este escenario, la nueva normalización tendrá vigencia plena en todo el país.

    Por último, el proyecto propone fortalecer la red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas. Asimismo, se buscará ampliar y robustecer los sistemas de información, en particular el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema.

    Para ello, la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión, serán claves para la aplicación.

    La intención del gobierno, afirman, es presentar el proyecto en las próximas horas en el Congreso y se espera un largo debate para sancionar una de las leyes más sensibles y cuya vigencia despierta amplios posicionamientos.

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