El Gobierno autorizó la privatización parcial de la empresa que controla las centrales nucleares

La medida, anunciada dos semanas atrás por el vocero Manuel Adorni, establece que el 5% de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) se distribuirá entre trabajadores, un 44% se licitará y el 51% quedará en manos del Estado.

La medida se implementó a través del Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Actualmente, la empresa está en manos del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Energía Argentina (ENARSA). Es una de las pocas compañías estatales con superávit: en el primer trimestre de este año fue de $17.234 millones.

NASA, encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse, que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida) es una de las que quedó incluida en la Ley Bases como sujeta a privatización. Estimaciones preliminares de analistas del sector apuntaban que podía tener una valuación total de entre u$s560 millones y u$s1000 millones.

La decisión se enmarca en el Plan Nuclear Argentino a cargo del presidente de la empresa, Demián Reidel, que busca "promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio", entre otros puntos.

"Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización. Esto representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos", había subrayado Adorni.

El Gobierno autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica: los detalles

El Gobierno estableció la implementación de un "programa de propiedad participada" por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En tanto, el 51% restante lo conservará el Estado, mediante la Secretaría de Energía.

En el decreto se habilitó la intervención de la unidad ejecutora especial temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas y se destacó la "conveniencia de transferencia" de la actividad de la empresa al sector privado y destacó que el objetivo es "nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes".