El ministro del Interior Guillermo Francos aseguró que el Gobierno sacará las reformas que plantea por DNU si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso. "No se puede debatir todo el año", manifestó.
El ministro del Interior Guillermo Francos aseguró que no se puede “debatir todo el año”. Remarcó que se trata de una norma constitucional.
El ministro del Interior Guillermo Francos aseguró que el Gobierno sacará las reformas que plantea por DNU si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso. "No se puede debatir todo el año", manifestó.
El ministro se escudó en el hecho de que el gobierno de Javier Milei "recibió la peor situación de país que haya recibido cualquier otro presidente, en todos los aspectos". Por eso es que acudió al DNU, "para marcar un norte": "Tenía la urgencia y la necesidad de dar señales importantes y rápidas a la sociedad".
En diálogo con TN, Francos cuestionó a constitucionalistas como Daniel Sabsay y Mario Ackerman por oponerse al DNU y lanzó: "Con todo respeto, ¿no? Digo, yo lo respeto mucho. Sabsay es un constitucionalista, un hombre que sabe mucho de derecho, pero nunca fue gobierno. Entonces, es distinto mirar la realidad desde la academia, desde la doctrina, que mirar la realidad desde la gestión y la caja. Cuando uno gobierna, tiene que administrar esas realidades".
El Ministro también respaldó la actitud del Gobierno a partir de que fue votado por la mayoría del país, y dando a entender que todos "conocen el estado de crisis en la que está la Argentina".
"Entonces, ¿nos podemos pasar un año debatiendo en el parlamento una reforma con la situación que tiene la Argentina? No. Digamos, ¿cómo se administra la crisis si no tenés instrumentos legales?", remarcó, haciendo hincapié en la legalidad del dmegadecreto.
"Eso es lo complejo. Por eso digo, una cosa es la opinión de la academia y otra cosa es la de quien tiene que gobernar con la Constitución, repito, no sin la Constitución", cerró.
El Gobierno decidió extender hasta el próximo 15 de febrero el período de sesiones extraordinarias del Congreso, en momentos en que el Parlamento discute el proyecto de Ley Ómnibus, que el oficialismo de Diputados aspira a dar media sanción la semana próxima.
La decisión del Poder Ejecutivo se comunicó a través de un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En las últimas horas, los diputados oficialistas aceleraban los contactos informales con los legisladores de algunos bloques opositores para terminar de pulir algunos aspectos de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.
Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga del período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.
Además, esta prórroga de extraordinarias también habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de La Libertad Avanza que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.
En cuanto a las conversaciones en Diputados, en la noche del jueves, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.
El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.
Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.
El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), "deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones".
Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.
En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio "dos o tres alternativas" para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una" de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a 'generar la actualización por algún índice'", como por caso por inflación.