El médico Carlos Alberto Kambourian, ex presidente del hospital pediátrico Garrahan durante el gobierno de Cambiemos, pagó más de 7 millones de pesos para evitar el juicio en el que se iba a ventilar la acusación en su contra por utilizar fondos de esa institución para solventar gastos personales. La información la expuso, sin querer, él mismo al publicar en su cuenta personal en la red social X que había sido sobreseído por la justicia y que eso demostraba su inocencia. Una verdad a medias.
“Sobreseído por la justicia. No robé, no estafé, no defraudé. Gestioné el Hospital Garrahan de manera transparente. Fue justicia”, escribió, envalentonado Kambourian en un posteo que acompañó con una imagen de la parte resolutiva del fallo con el que el juez Nicolás Toselli dictó su sobreseimiento. Ese pequeño extracto contenía, en menos de 10 líneas, la información que lo deschavó.
En rigor, el juez Toselli resolvió el 28 de octubre “declarar extinguida la acción penal por reparación integral, y sobreseer a Carlos Alberto Kambourian, de las demás condiciones obrantes en autos, en orden al delito por el cual oportunamente se requiriera la elevación a juicio de las presentes actuaciones”. Es decir, el fallo no dice que no robó, no estafó y no defraudó. Lo que dice es que reparó. Y lo hizo con dinero.
Paradojas de la red social X, fueron los propios usuarios los que al leer el tuit le agregaron el contexto: “La acción penal está extinguida ´por reparación integral´. Esto significa que Kambourian restituyó el daño hecho y por esa razón, es sobreseído. La afirmación ´No robé, no estafé, no defraudé.´ es falsa porque existió un daño que debió reparar”, reza la aclaración que X el añadió al posteo del doctor.
“Tuvo que pagar para que no arriesgarse a que lo condenen, de hecho el fallo no dice que el sobreseimiento deja a salvo su buen nombre y honor”, señaló un abogado que siguió la causa. Y es cierto, en el fallo no se utilizó la fórmula que deja a salvo “el nombre y honor” de una persona cuando se la declara inocente de aquello que se le imputó en un proceso judicial.
Para llegar a su sobreseimiento, el doctor Kambourian primero debió allanarse y pagarle al Hospital Garrahan lo que esa entidad le estaba reclamando en el marco de un juicio civil (más los intereses y las costas del proceso) y luego en el juicio penal agregó otro pago, esta vez en concepto de donación, para poder aplicarlo al flamante instituto de la reparación integral.
De acuerdo a la información a la que accedió C5N, en marzo de este año Kambourian depositó 5.732.100 pesos más gastos, en concepto del capital y los intereses reclamados por el Garrahan, y en octubre pagó 1.500.000 pesos más, en concepto de donación en favor del mismo hospital pediátrico para evitar el juicio penal.
Como pasa casi siempre en las discusiones jurídicas, existen quienes atacan y quienes defienden la posibilidad de la “reparación integral”: los críticos cuestionan que se le de a un funcionario público la posibilidad de “reparar” con un pago lo que habría sido una defraudación al Estado, mientras que sus defensores dicen que es una opción efectiva cuando lo que se discute es, por ejemplo, el uso de “viáticos”.
La acusación
La acusación contra Kambourian sostenía que entre mayo del año 2018 y enero del 2020 utilizó la tarjeta corporativas Visa -emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital e implementada durante su gestión- para pagar cenas, hospedajes, obsequios y otros gastos personales que no fueron justificados.
La causa se inició por una denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, que dio cuenta de las irregularidades.
Durante la investigación judicial, al momento de confirmar su procesamiento la Cámara Federal porteña, sostuvo que "las primeras irregularidades se verificaron de inicio, es decir, en el procedimiento previo a la implementación del uso de la tarjeta de crédito corporativa”, porque se hizo sin seguir ninguna recomendación.
“Los distintos dictámenes de los órganos internos alertaban sobre la necesidad de dar marco normativo a su implementación en tanto aquella era un mecanismo de pago, no 'una autorización para gastar' y que, en ausencia de disposición específica, sólo podrían aplicarse las disposiciones atinentes al fondo rotatorio y las cajas chicas. Ni unas ni otras contemplaban su uso del modo posteriormente verificado en autos", indicaron en su momento los jueces del tribunal de apelaciones.
En un breve recuento de gastos injustificados, aquel citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron "torta de invitación".
"Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto", señalaron los jueces.
Entre los gastos sin justificación aparecían también regalos, agasajos, estadías en hoteles en el exterior y hasta una heladera y capsulas de café. Cualquier similitud con el "cafeteragate" que sacudió en los últimos días al ministerio de Capital Humano es solo una cuestión de coincidencia.