El día en que Néstor Kirchner anunció el juicio político a la Corte Suprema

El primero ocurrió en 1947, cuando Juan Domingo Perón impulsó la destitución de 4 integrantes del máximo tribunal por su responsabilidad en lo que se denominó “la Década Infame”. Una de las acusaciones fue la de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943.

El segundo caso ocurrió en 2003, cuando Néstor Kirchner decidió avanzar sobre la Corte de “mayoría automática” que había armado Carlos Menem que durante los `90 se había ganado el mote de "adicta" al poder por ser funcional al menemismo y a los grandes intereses económicos.

El juicio político que impulsó Néstor Kirchner contra la Corte

A los 10 días de asumir el cargo, un 4 de junio de 2003, Kirchner realizó una cadena nacional donde le pidió al Congreso que pusiera en marcha la herramienta del juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal.

"Entendemos que la gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. Hemos asumido un fuerte compromiso para lograr incrementar la calidad institucional, para reconciliar a las instituciones con la sociedad", señaló el Presidente en aquella oportunidad en uno de los fragmentos más destacados de ese discurso.

"Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta, queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo", agregó el entonces mandatario.

Ante esa situación Kirchner le pidió a los legisladores que tengan "el coraje y la firmeza" para marcar "un hito hacia la nueva Argentina" preservando a las instituciones "de los hombres que no están a la altura de las circunstancias". En ese marco, aseveró que no quería "nada fuera de la ley" sino utilizar los "remedios de la Constitución" para "cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación".

Así fue como, ante el pedido del Presidente, el Congreso avanzó con el juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.

"Esa Corte de la mayoría automática de Menem era un cachivache. Absolutamente imparcial, de muy poca calidad técnica. Una simulación de tribunal. Era una Corte terrible para el país", describió Nilda Garré en conversación con C5N.

"En esos años, en la sociedad había mucho consenso sobre el mal funcionamiento de la Corte. El pueblo sabía que era la Corte de la mayoría automática, de que los amigos de Menem. La gente tenía sensación de mediocridad y de mucha parcialidad", advirtió la ex funcionaria, quien en ese momento era diputada e integraba la Comisión de Juico Político que trató el pedido de Kirchner.

En ese sentido, Garré destacó el impulso de Néstor Kirchner para que los legisladores asumieran las responsabilidades para ponerle fin "a la corrupción" dentro del máximo tribunal.

"El pescado se pudre por la cabeza. Con esa Corte de mayoría automática, los derechos personales de los argentinos estaban en riesgo", advirtió por su parte Héctor Recalde, quien en ese entonces integraba la Comisión para el Análisis Jurídico de la Protesta Social de la Secretaría de Derechos Humanos, en diálogo con este medio.

"Por eso fue de mucha audacia la decisión que tomó Néstor. No nos olvidemos de los pocos votos con los que Kirchner llegó al poder. Asumió con una debilidad originaria que la transformó en poder apenas se sentó en el sillón de Rivadavia. Llegó del sur y con esa fuerza que tenía y esa convicción con la que hablaba, entusiasmó a todos los militantes.", agregó el abogado.

Los efectos de la decisión de Kirchner

La decisión de Kirchner tuvo un rápido efecto. El 27 de junio Julio Nazareno decidió demitir cuando vio la fuerza que había adquirido el proceso en su contra. "Algunos jueces comenzaron a renunciar porque sabían que iban a perder y quisieron evitarse el bochorno", recordó Garré.

Guillermo López y Adolfo Vázquez también siguieron los pasos de Nazareno. López presentó su renuncia el 22 de octubre del 2003 mientras que Vázquez dejó su cargo el 1 de septiembre de 2004.

Los únicos que decidieron enfrentar el juicio político fueron Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor. Un mes y medio más tarde después de la cadena nacional de Kirchner, la Cámara Baja aprobó en el recinto la acusación por "mal desempeño de sus funciones" contra Moliné O`Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

En consecuencia, la Cámara de Diputados se transformó en acusadora, y eligió a Garré, a José Falú y a Juan Mínguez para que sean los encargados de presentar la acusación ante la Cámara Alta que se constituyó en la responsable de resolver el caso. Para eso, los legisladores presentaron distintos causas donde la actuación de los jueces había sido arbitraria entre las que incluyeron el contrabando ilegal de autos por parte de la firma Sevel, perteneciente a Mauricio Macri, la causa del atentado contra la Embajada de Israel, el caso Meller, entre otros.

De esta manera, el 3 de diciembre de 2003 Moliné O`Connor fue destituido por el Senado. El veredicto acusatorio obtuvo 45 votos a favor y 19 en contra, por lo cual superó la exigencia constitucional de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto para destituir a un juez de la Corte. Una suerte similar corrió el también ministro Antonio Boggiano, quien fue destituido en el 2005 por el Congreso.

La renovación de la Corte

Una vez que logró que el Congreso avanzara en la histórica decisión de terminar con una Justicia funcional a los intereses políticos y económicos, Kirchner impulsó un innovador sistema para la selección de nuevos jueces, signado por la transparencia y la participación de la ciudadanía.

A través del Decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal.