El diputado Gerardo Milman, delfín de Patricia Bullrich en la Cámara baja, presentó un proyecto de ley junto a su par Marilú Quiros para elevar de 70 a 75 años el umbral de edad para que la Justicia otorgue a personas condenadas el beneficio de la prisión domiciliaria.
La iniciativa pone en discusión tanto el caso del exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple la pena por abuso sexual, como el de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad, aunque difícilmente si se convirtiera en ley la Justicia pueda revisar retroactivamente esas prisiones domiciliarias en particular, como la de cualquier otro preso de entre 70 y 75 años.
"Hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado", justificó Milman, quien puntualizó que "el promedio supera los 76 años, siendo considerablemente más alta en ciertos sectores socioeconómicos".
El legislador bonaerense se basó en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud que indican que "la esperanza de vida al nacer en el país es de 76,6 años para el total de la población, y que en zonas urbanas y especialmente en ciertos estratos sociales, la expectativa de vida supera los 80 años".
Según un informe del Ministerio Público Fiscal del 2021, la Justicia otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al 58% de las personas condenadas mayores de 70 años sin un examen médico independiente.
"Esto da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción", advirtió el diputado del PRO investigado por el intento de homicidio de la expresidenta.
"Con este proyecto no se busca restringir derechos humanos ni vulnerar garantías, sino actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales, priorizando un uso más criterioso, fundado y excepcional de la prisión domiciliaria", argumentó Milman.
"Con un nuevo umbral de 75 años, preservaríamos el carácter excepcional del beneficio, evitando que sea utilizado por los condenados para eludir el cumplimiento efectivo de la pena", concluyó.