El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) apeló el fallo judicial que les negó la legitimación activa para discutir la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación económica del gobierno de Javier Milei y aseveró que hay interés colectivo en que el Poder Ejecutivo "no se exceda de sus competencias".
"Apelamos la resolución del juez de feria (del fuero Contencioso Administrativo, Enrique) Lavié Pico que nos negó la legitimación colectiva para discutir el DNU y rechazó el pedido de medida cautelar para que se suspenda el decreto. También rechazó las presentaciones de Observatorio ODC y Asoc. Gente de Derecho", informó el CELS a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
"Respuestas judiciales como estas pueden incentivar este tipo de DNU, en los que se incorporan numerosos temas, materias y asuntos en una única norma de 'excepción'. El Poder Judicial autolimita su función constitucional, allí donde más se necesita. Reiteramos que hay un interés colectivo de toda la sociedad en que el Poder Ejecutivo no se exceda de sus competencias ni invada funciones del Congreso", agregó en la red social.
A continuación el CELS sostuvo que DNU "es inconstitucional porque el Ejecutivo usa poderes de emergencia para reformar normas jurídicas de forma permanente, invade competencias legislativas y limita la participación ciudadana que es la base legitimidad de las normas en un Estado democrático".
"Se trata de una reforma masiva, estructural, regresiva y sistemática. El gobierno sigue sin explicar cuál es la relación entre la crisis que pretende solucionar y el uso de esta herramienta excepcional, ni cómo los cambios que plantea el DNU pueden superar la pobreza", concluyó.