Universidades vuelven a las calles con clases abiertas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizarán una jornada frente a Tribunales para reclamar la implementación de la norma aprobada por el Congreso y denunciar el impacto del ajuste sobre el sistema educativo.

La comunidad universitaria realiza este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste presupuestario del Gobierno sobre las casas de estudio.

La actividad comenzó cerca de las 10 y se extenderá hasta las 17 bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, y contará con la participación de docentes, estudiantes, autoridades académicas y referentes políticos y sindicales vinculados al ámbito universitario.

La iniciativa surge luego de la multitudinaria movilización realizada semanas atrás y busca mantener visible el reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales. Durante la jornada, profesores brindan clases abiertas con el objetivo de exponer las dificultades que, según denuncian desde el sector, atraviesa el sistema universitario debido a los recortes presupuestarios.

En el lugar, estudiantes y docentes también expusieron sus reclamos en entrevistas con C5N. Valentín, estudiante de Geología, remarcó la situación salarial que atraviesa el sector: "Es necesario y urgente que aumenten los salarios a los docentes y trabajadores no docentes. Hay un gobierno que no cumple la ley. Eso no está nada bueno".

En la misma línea, Sofía, también estudiante de Geología, sostuvo que "es necesario seguir visibilizando el tema porque no se resolvió nada en dos años. La universidad pública es lo mejor del país".

Entre los principales puntos señalados aparecen el deterioro salarial de los trabajadores, el impacto sobre las becas estudiantiles, la situación de la investigación científica y las complicaciones para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Natalia Rubinstein, investigadora y docente de Introducción a la Biología Molecular y Celular de la carrera de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, explicó que el reclamo también apunta al sistema científico: "Estamos reclamando que se cumpla la ley de financiamiento universitario y que se dé financiamiento a la investigación en ciencia y técnica que está cortada". La docente, con más de 20 años de trayectoria, aseguró además que actualmente percibe un salario de 400 mil pesos.

Por su parte, Natasha, estudiante de la carrera de Física, cuestionó la demora en la aplicación de la normativa: "La ley ya se aprobó, es raro que todavía no se aplique. Tenemos docentes de una calidad excelente".

También desde el ámbito científico hubo cuestionamientos hacia la política oficial. Gustavo, investigador del Conicet y profesor de Exactas que regresó al país en 2008 tras desarrollar tareas en Estados Unidos, afirmó: "El presidente fue claro, dijo Conicet afuera. No hay mucha duda de cuál es el plan del gobierno para el sistema científico y universitario".

Además, agregó: "Ningún país se desarrolla sin ciencia. Eso es una cuestión empírica. Los países más desarrollados han invertido grandes porcentajes del PBI en ciencia".

A partir de las 15 participarán distintas figuras vinculadas al ámbito académico y político, entre ellas la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El conflicto por el financiamiento universitario mantiene abierto un frente entre las universidades y la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la ley compromete el objetivo de equilibrio fiscal y remarcan que la normativa no establece una fuente específica de recursos para afrontar los incrementos presupuestarios y salariales.

En ese contexto, el Gobierno avanzó con medidas para frenar la implementación de la ley y apeló resoluciones judiciales adversas. Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional mantiene la disputa en el plano judicial y elevó un planteo ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el tema.

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