Diputados: el oficialismo logró el dictamen para el proyecto de protección de Aerolíneas Argentinas

El Frente de Todosconsiguió este martes emitir dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para un proyecto de ley que busca prohibir la transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas.

La intención del oficialismo es reformar la ley de estatización de la aerolínea de bandera, con el fin de prohibir la transferencia de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.

La reunión del grupo parlamentario se realizó sin la presencia de Juntos por el Cambio, que se retiró del encuentro antes de que expusiera el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, apunta a evitar un desguace de Aerolíneas Argentinas ante las advertencias que habían hecho los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, de "privatizar empresas públicas".

"Proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'"

Máximo Kirchner 24 de junio de 2024

El diputado Máximo Kirchner presentó el proyecto.

En los fundamentos del proyecto presentado el 17 de julio, Máximo Kirchner planteó que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quiénes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

La iniciativa propone reformar la ley 26466/08, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.

Para modificar la ley 26.466, la propuesta promueve incorporar un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26.741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.

En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros".