El diputado nacional Esteban Paulón presentará este lunes una denuncia penal por malversación de fondos públicos contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el expresidente de Nucleoeléctrica S.A. (NASA), Demian Reidel. La acción judicial ante los tribunales federales se fundamenta en los consumos personales detectados en las tarjetas de crédito corporativas de la firma estatal. La evidencia consta en un informe oficial que el propio Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados en respuesta a pedidos de acceso a la información.
El legislador de Provincias Unidas sostiene que los funcionarios utilizaron recursos públicos para financiar gastos en perfumería, cosméticos, peluquerías y tiendas de ropa femenina. Los registros oficiales revelan desembolsos que superan los u$s 5.957 y el millón de pesos en diversos rubros ajenos a la actividad nuclear. Paulón calificó estas maniobras como un "robo hormiga" ejecutado a través de los plásticos corporativos de la compañía encargada de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
La denuncia destaca la presencia de cargos en locales como "Pub El Pirata", consumos en servicios de playa con masajes y cócteles, y compras en tiendas de indumentaria deportiva en el exterior. También figuran estadías en hoteles de alta gama ubicados en Madrid, Ámsterdam, Miami y Viena, además de gastos en freeshop en aeropuertos internacionales. Estas erogaciones se produjeron durante los primeros meses del corriente año bajo la administración de la actual gestión.
"Mientras el gobierno despide y ajusta en el sistema nuclear argentino, sus directivos están en un cumple", enfatizó el diputado Paulón. Para el legislador, esta situación demuestra una "sobreactuación de austeridad" por parte del Poder Ejecutivo. El escrito judicial solicita que se determine la responsabilidad individual de los cien titulares de tarjetas que posee la sociedad anónima estatal.
El titular de Nucleoeléctrica ordenó la baja de las tarjetas corporativas
Juan Martín Campos, actual presidente de la empresa, dispuso la cancelación inmediata del uso de tarjetas de crédito para viajes al exterior con el fin de transparentar la administración. El funcionario aseguró que inició un análisis detallado de los consumos realizados durante la gestión de su antecesor, Reidel. Según el directivo, la compañía solicitó de forma oportuna la devolución de los montos en cada gasto efectuado que no se consideró justificado por motivos laborales.
El escándalo surge en un escenario de crisis para la empresa, que atraviesa un proceso de privatización parcial para transferir el 44 por ciento de sus acciones al sector privado. En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas solicitó una reducción drástica de la planta de personal que afecta a 2.400 trabajadores de un total de 3.000 empleados. La intervención del diputado Paulón busca esclarecer si los bienes públicos se trataron de hecho como bienes privados en medio de este ajuste.
La investigación parlamentaria continuará con un nuevo pedido de informes para conocer los nombres de los agentes que percibieron viáticos y se alojaron en el extranjero. Paulón subrayó la preocupación por extracciones de efectivo que ascienden a 50 millones de pesos en enero pasado, según los datos aportados por la Jefatura de Gabinete.
