El gobierno de Javier Milei acelera las gestiones para que el Senado apruebe en los primeros días de febrero la reforma laboral que impulsa. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezan las negociaciones para reunir los apoyos necesarios. Con ese objetivo, la exministra de Seguridad adelantó la posibilidad de discutir modificaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) en el ámbito parlamentario. Si bien todavía no hubo contacto oficial, desde el sector gremial adelantan que el Gobierno "tiene que estar dispuestos a escuchar las propuestas y aceptar los rechazos", una situación que atan a eventuales medidas de fuerza.
En diálogo con el portal Infobae, Bullrich anticipó que a partir del 16 de enero estará en funcionamiento en el Senado una comisión técnica, encabezada por su asesora, Josefina Tajes, que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la posibilidad de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero. “Las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”, declaró al medio.
Desde la CGT detallaron a C5N que, más allá de los dichos públicos de Bullrich, todavía no hubo ninguna información concreta u oficial del tema, pero aclaran que tienen predisposición para sentarse a discutir, siempre que sea en igualdad de condiciones y sin imposiciones. “Toda negociación de un proyecto del que no fuimos parte empieza mal. Te tiran encima un proyecto de ley y vos tenés que resolver si te gusta. Tienen que estar dispuestos a escuchar nuestras propuestas y aceptar los rechazos que tengamos”, recriminaron.
En ese sentido, mostaron su expectativa de que la convocatoria se concrete: “Estamos dispuestos a debatir. El Gobierno no puede ser autoritario y votar el tema a libro cerrado. Los trabajadores, que somos la parte más interesada del proyecto, tenemos que estar en la discusión”.
Al analizar en detalle el proyecto, son varios los aspectos que ven con preocupación, como el mecanismo de cálculo de indemnizaciones, el régimen de actividad gremial, la baja de aportes patronales que impacta en las obras sociales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
También, cuestionaron los términos en que el Gobierno busca dar el debate, centrado en términos de meritocracia, "costos laborales" y poner en igualdad de condiciones al trabajador y al empleador cuando parten de realidades diferentes. “El proyecto tiene un sesgo ideológico que es tratar de destruir el sindicato. Quieren debilitar la representación gremial”, advirtieron desde el entorno sindical.
“A nosotros nos interesa discutir cuáles son las propuestas para formalizar el 43 % de informalidad. Si vamos a una reforma laboral tiene que ser para generar trabajo, esa tiene que ser la base de la discusión”. “A nosotros nos interesa discutir cuáles son las propuestas para formalizar el 43 % de informalidad. Si vamos a una reforma laboral tiene que ser para generar trabajo, esa tiene que ser la base de la discusión”.
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En cuanto a los pasos a seguir, la idea es profundizar los encuentros que en el último tiempo mantuvieron con legisladores y gobernadores de distintos sectores. Hasta el momento se conocieron reuniones con mandatarios provinciales de distintos espacios como Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Sobre las medidas concretas a tomar, después de lo que fue la marcha a Plaza de Mayo del 18 de diciembre ya bajo la órbita de la nueva conducción encabezada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), está sobre la mesa la convocatoria a una nueva medida de fuerza. Más allá de las posturas de los distintos gremios y del debate sobre los pasos a seguir, dentro de la CGT insisten en la idea de mantenerse organizados y en sintonía, mientras analizan cómo avanza la discusión y el escenario nacional. “Si no hay negociación y nos cierran las puerta no nos dejan otro camino. La intención es la negociación. Si mandan todo a libro cerrado tenemos que incentivar la propuesta".
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Otro de los grandes desafíos es cómo interpelar e incorporar a las y los trabajadores al debate, en un contexto marcado por las críticas hacia los propios representantes gremiales y por una realidad laboral atravesada por la informalidad y la precarización. Por eso, más allá de la estrategia territorial, entienden que una de las tareas centrales será profundizar un mensaje capaz de movilizar y convocar a los trabajadores.
“Los trabajadores tienen derechos, pero no pueden ejercerlos. Hay que interpelar a la sociedad para que entienda que tiene derechos y que hay que transformarlos en realidad, por eso hay que defenderlos”, afirmaron, al reconocer que esta tarea se da en el marco de un mundo virtual donde prima una discusión que los pone en el foco del problema.
“En el mundo virtual hay una discusión anti sindicatos, anti derechos, todo un discurso meritocrático que vamos a atacar. Tenemos que dar respuestas a los formales y a los informales”, sintetizaron.