Causa "Operativo Puff": un fiscal pidió que las escuchas no sean tenidas en cuenta por "ser ilegales"

El fiscal Franco Picardi le solicitó al juez Sebastián Casanello que las conversaciones entre "presos K" que se encontraban en Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri no sean tenidas en cuenta en la causa "Operativo Puff" porque "fueron ilegales".

Según consignó el portal Infobae, el fiscal de la causa planteó: "Las escuchas y transcripciones mencionadas carecen de entidad para ser consideradas válidas de conformidad con las reglas de la exclusión de la prueba -y de las nulidades-, por cuanto se trata de prueba ilícita, y su obtención y utilización vulnera el derecho a la intimidad y a la privacidad".

“No surgen del caso posibles fuentes independientes que permitan la incorporación de la prueba aquí cuestionada: la transcripción y filtración de escuchas ordenadas por fuera de una orden judicial no resulta lícita, un juez no puede autorizar escuchas ni dispensarlas ex post, y ningún artículo o nota periodística puede servir tampoco como sustento para requerir el producido de intervenciones telefónicas que no fueron realizadas en el estricto marco que delimitaba una orden judicial”, afirmó.

Y Picardi le pdició al juez que "decrete la nulidad y/o exclusión de las partes correspondientes del requerimiento de instrucción de fojas 10/13 en las que fueron plasmadas las transcripciones telefónicas correspondientes a la causa 41475/2016 y todo lo actuado en consecuencia, como así también se excluya toda la actividad jurisdiccional vinculada con la incorporación del producido de las intervenciones telefónicas y su posterior transcripción, como así también cualquier otro acto procesal por medio del cual se hayan incorporado o utilizado las grabaciones de las escuchas cuestionadas y sus transcripciones".

La causa Operativo Puf investiga las escuchas que se hicieron en la cárcel de Ezeiza y donde se registraron los diálogos de Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y el diputado Eduardo Valdés, quien decía la frase “Stornelli, Bonadio, Puf” o se usaban expresiones como “Domingo de Ramo” o “dolor de muela”.

Esta causa se enmarca en otra causa conocida como "Cuadernos", una investigación que nació en Dolores a partir de la denuncia de un empresario (Pedro Etchebest) que denunció al al falso abogado Marcelo D’Alessio en 2019, a quien lo había grabado y filmado, incluso en un encuentro con el fiscal Stornelli en Pinamar.

Hasta el momento, en la causa "Operativo Puff" pasaron 6 fiscales, hasta que quedó radicada en manos del fiscal Franco Picardi. Ahora, a instancias de la Cámara Federal, el fiscal elaboró un dictamen para contestar los planteos de nulidad motorizados por las defensas, entre las cuales aparecen Roberto Baratta y el juez Juan Ramos Padilla. En tanto, Stornelli pidió llevar adelante las medidas que también estaba exigiendo.

Tras hacer un largo repaso para poner sobre el tapete el origen de la investigación, el alcance de las comunicaciones autorizadas y la validez de las pruebas que sustentaron el origen de este caso, el Ministerio Público dictaminó por hacer caer el origen de la causa y lo actuado en consecuencia.

Para hacerse de la prueba, Bonadio fue a pedirle a Villena que le mandara las grabaciones que había ordenado en su causa. Y fue ahí que se encontró con la respuesta del juez diciéndole que él solo había dispuesto escuchar a Segovia y no supo ni recibió material de otros presos que no eran foco de su investigación. La AFI también respondió que no tenía escuchas. El magistrado entonces solicitó el material a la DAJUDECO, como una manera independiente de hacerse de esa información.

Sin embargo, para Picardi esa vía tampoco puede ser válida porque el juez supo de ellas a través de filtraciones ilegales: “Aún si se estimara que de la comunicación establecida entre los jueces Bonadío y Villena resultó una habilitación ‘legal’ para obtener las escuchas en cuestión y luego proceder a su procesamiento y transcripción, dicho acto del juez por entonces a cargo del Juzgado Federal Nro. 11 reconoce en definitiva el mismo origen espurio: la ‘filtración’ ilegal de interceptaciones telefónicas, cuestión que se hizo pública previo y concomitantemente a los actos jurisdiccionales tendientes a obtenerlas y que contamina y tiñe de ilicitud todo lo actuado en consecuencia”.

Ahora, el dictamen será evaluado por el juez Casanello.