El presidente y vicepresidente de Suizo Argentina se limitaron a entregar escritos. Son investigados por integrar una asociación ilícita, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles, en una operatoria que habría alcanzado los $137.000 millones.
Los Kovalivker presentaron escritos negando las imputaciones.
Acorralados por la Justicia, que reunió a lo largo de meses un voluminoso arsenal de pruebas para acusarlos de integrar una asociación ilícita en la causa que investiga el esquema de corrupción que operaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales directivos de la droguería Suizo Argentina, se negaron a responder preguntas durante las indagatorias y, en cambio, presentaron descargos por escrito para rechazar las acusaciones.
La estrategia es básica: en lugar de echar luz sobre las acusaciones, cuestionaron el modo en que se construyó la imputación en su contra. pese a que la hipótesis firme del fiscal es que Suizo Argentina no habría sido simplemente una proveedora de medicamentos, sino que habría adquirido un papel determinante en las compras de insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
"Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A. sobre la ANDIS", señalaron los fiscales en su dictamen.
Según la acusación, la droguería habría recibido información anticipada sobre las compras, intervenido en la definición de precios y tenido influencia sobre las adjudicaciones y los proveedores que debían cobrar.
El dictamen atribuye a Suizo Argentina adjudicaciones por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, las operaciones estuvieron atravesadas por sobreprecios y acuerdos entre empresas para simular una competencia que no existía.
Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía, negó haber integrado o dirigido una asociación ilícita y también haber participado en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con la función pública.
Su hermano Emmanuel, vicepresidente de la firma hasta su desvinculación en noviembre de 2025, planteó una defensa similar: sostuvo que no tuvo intervención en las operaciones comerciales con la ANDIS y que la acusación no identifica ninguna decisión concreta que permita atribuirle responsabilidad penal.
Insólitamente además destacó que Suizo Argentina tiene más de 100 años de trayectoria, cerca de 2.000 empleados y centros de distribución en distintas provincias. También señaló que cuenta con un Programa de Integridad implementado desde 2018 y adecuado a la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria.
Entre los planteos de Jonathan Kovalivker aparece el pedido de nulidad del dictamen del fiscal Franco Picardi y de la resolución del 21 de agosto de 2025, que habilitó allanamientos, requisas de dispositivos y levantamientos de secretos bancarios y fiscales.
La defensa cuestionó el origen de las actuaciones y sostuvo que las medidas se apoyaron en audios de origen "ilícito" y "clandestino", sobre los que también señaló presuntos indicios de manipulación o edición.
Por ese motivo, reclamó que se declare la nulidad de las pruebas y de los procedimientos que, según su postura, derivaron de ese material.
Los descargos de los hermanos Kovalivker se conocen en el marco de la investigación en la que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), describieron un presunto entramado entre funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector farmacéutico.
La hipótesis fiscal sostiene que Suizo Argentina adquirió un papel determinante en las compras de insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud y que existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A. sobre la ANDIS.
El dictamen atribuye a Suizo Argentina adjudicaciones por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, las operaciones estuvieron atravesadas por sobreprecios y acuerdos entre empresas para simular una competencia que no existía.
En ese sentido, los fiscales sostuvieron que "Suizo Argentina S.A. fue la firma que definió quién ganaría en cada compulsa de precios y a qué monto".
La investigación también apunta al presunto uso de Droguería Génesis como intermediaria para canalizar operaciones y a acuerdos con otras empresas para coordinar ofertas y repartirse adjudicaciones.
En cuanto a las responsabilidades individuales, a Jonathan Kovalivker le atribuyen haber actuado como presunto jefe de una asociación ilícita, además de su participación en maniobras defraudatorias contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. A Emmanuel le imputan haber integrado esa organización como miembro y haber intervenido en las restantes maniobras.
La fiscalía sostiene que las operaciones no pudieron responder a decisiones aisladas de empleados, sino que "requirieron planificación y gestión desde las altas esferas de conducción de la firma, en coordinación con las altas esferas de ANDIS".
Ahora, los planteos de los hermanos Kovalivker buscan poner en discusión precisamente ese punto: la existencia de una intervención personal de cada uno en las maniobras que describe la acusación.
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