Caso Ciccone: pidieron la indagatoria de Garavano por el dinero entregado al arrepentido Vandenbroele

El exministro de Justicia Germán Garavano podría tener que afrontar muy pronto una indagatoria si la Justicia hace lugar al pedido de una fiscal que pidió interrogar al exfuncionario de Mauricio Macri por el dinero que se le dio al arrepentido Alejandro Vandenbroele en el marco de las medidas de protección que se le atribuyeron.

Para la fiscal Paloma Ochoa se habrían cometido delitos en el marco de ese Programa de Protección de testigos e imputados y en la asistencia económica brindada al arrepentido del caso Ciccone, en el que fue condenado Amado Boudou. Por ello pidió varias indagatorias, entre ellas la de Garavano.

La fiscal tuvo por acreditado que con motivo del ingreso de Vandenbroele al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, el entonces ministro Garavano y Francisco Lagos, ex Director Nacional de ese Programa, “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa en infracción al artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764”.

El caso comenzó en 2020 cuando la misma Justicia solicitó que se investigue si el gobierno de Mauricio Macri "compró" con el pago de un hotel boutique la confesión de Alejandro Vandenbroele, sindicado como el testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou y arrepentido del caso Ciccone.

El pedido para que se investigue fue realizado por el juez Ariel Lijo, el mismo del caso Ciccone, basado en la publicación periodística de El Destape que reveló detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del ministerio de Justicia. La publicación incluía documentación según la cual Vandenbroele habría pedido 1,5 millón de pesos al Programa para financiar la compra de un hotel boutique en Mendoza, y afirmaba que el arrepentido habría recibido al menos parte del dinero que requirió.

Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, denunciaron que “había algo raro con Vandenbroele” y que para la prisión de Boudou le pagaron con un hotel. “Ha quedado demostrado que el sistema de arrepentidos fue creado por el macrismo para perseguir opositores", dijeron en su momento.

Luego la fiscalía hizo un relevamiento del dinero que se habría pagado a Vandenbroele que sería alrededor de 6 millones de pesos.

En un requerimiento para que se indague a Garavano, a Vandenbroele y a Lagos, la fiscal sostuvo que se destinaron “importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”.

A criterio de la fiscalía habría varios delitos, administración infiel en perjuicio de la administración pública, debiendo responder Garavano y Lagos en carácter de coautores, y Vandenbroele como partícipe necesario, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad.

Según distintas resoluciones citadas en el expediente “en ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses” y solo puede ser prorrogada expresamente por estrictas cuestiones de seguridad. Vandenbroele ingresó al programa el 13 de noviembre de 2017. En diciembre comenzó la asistencia económica. Pese a que la misma debería haber vencido el día 6 de julio de 2018, se extendió formalmente hasta el día 4 diciembre de 2019.

La fiscal sostuvo que además de la asistencia económica brindada por un periodo mayor a los seis (6) meses previstos en la normativa, “en infracción al artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764,” y la permanencia de Vandenbroele en el Programa pese a las causales de expulsión por incumplimiento de las disposiciones previstas , la prueba logró también acreditar que “se destinaron importantes sumas de dinero sin justificación alguna, todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”.

En el Informe de Evaluación de Riesgo de fecha 13 de noviembre de 2017, labrado con motivo del ingreso de Vandenbroele al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, se recomendó “alojar al protegido en una residencia segura dentro del ámbito capitalino, con la finalidad de que la Justicia pueda disponer del testigo en el corto plazo sin ocasionar demoras ni entorpecer el normal desarrollo de las actividades”, lo que no se habría cumplido.

Garavano también está imputado en otras causas en las que se investiga la supuesta mesa judicial del gobierno de Macri que operaría en los tribunales para lograr determinadas resoluciones. También en otra causa en la que se investiga el hostigamiento a empresarios del grupo Indalo en la que está prófugo Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín.