Avanza la investigación para determinar si los dueños de la Suizo Argentina financiaron el show de Javier Milei en el Movistar Arena

Aunque la versión oficial de aquel momento atribuyó los gastos de logística y alquiler del predio a la editorial Hojas del Sur, los investigadores bajo la tutela del juez Daniel Rafecas sospechan que el verdadero financista en las sombras habría sido el magnate farmacéutico Eduardo Kovalivker, según informó el sitio Data Clave.

El costo del predio osciló entre los u$s150.000 y u$s300.000 dólares, una cifra imposible de absorber para la editorial en el actual contexto de crisis. El vínculo entre el jefe de Estado y Kovalivker contó con la mediación del escritor Nicolás Márquez. La hipótesis principal señala que el empresario planeaba subir al escenario junto a Milei para presentar su propio libro de poesías, pero el estallido del caso ANDIS en agosto de 2025 frustró ese plan ante el riesgo de exposición política.

El abogado Yamil Castro Bianchi incorporó al expediente una serie de registros de audio atribuidos a Florencia Pérez Roldán, vocera del empresario. En los materiales se detalla el supuesto aporte de dinero: "A mí me dijo L.G. que el Movistar sale cerca de u$s150.000. Pero él le dio fácil u$s70.000. Fue antes de que estallara todo este quilombo... Después el hijo y yo lo bajamos de un hondazo (del escenario) porque explotó todo".

Los audios filtrados exponen maniobras de ocultamiento

Las grabaciones de la portavoz describen escenas de desesperación tras los allanamientos federales en las propiedades de la familia. Según el relato de la empleada, el empresario arrojó su teléfono celular al río, mientras que su hijo Emanuel sufrió una requisa policial con u$s260.000 en efectivo.

"Emanuel no tiene mejor idea que sacar la plata de la caja fuerte... se fue directo al country del hermano y ahí le pesquisan el auto. Son Tonto y Retonto", señaló la empleada en otro mensaje.

Los tribunales de Comodoro Py evalúan la conducta del jefe de Estado y de los contratistas bajo figuras específicas del Código Penal de la Nación. Los magistrados analizan la presunta comisión de aceptación de dádivas, negociaciones incompatibles con la función pública y exacciones ilegales por parte de los involucrados.