Avanza el Gobierno sobre el Poder Judicial

El mundillo judicial consume por estos días el Boletín Oficial con la misma voracidad que solía consumirse, hace algunas décadas, la revista El Gráfico cuando llegaba a los puestos de diarios después de una fecha del fútbol argentino. Llegan a través del boletín las noticias que confirman el rumbo del gobierno en la materia nombramientos en la justicia.

El viernes último, por ejemplo, en la sección de Legislación y Avisos Oficiales se informó que el miércoles 12 y el jueves 13 se harán las audiencias públicas del Senado para avanzar con la designación de 30 jueces, fiscales y defensores cuyos pliegos habían sido enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta días atrás.

Entre esos casos están los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ambos convocados para el jueves 13. Son los elegidos por el gobierno nacional para conformar la sala de la Cámara Federal porteña que, entre otras cosas, revisará lo actuado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el caso $Libra, uno de los que más preocupa al gobierno.

Tres días antes, el 10 de agosto, está prevista una audiencia clave en ese caso, en el que se investiga si el Presidente formó parte de una estafa cripto y si cobró algo por haber dado a conocer, a través de un posteo en su cuenta gubernamental de X, la existencia de $Libra. Es la audiencia en la que se comenzarán a tratar los planteos de las víctimas contra el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que apartó del caso a las querellas —principales impulsoras del avance de la investigación— ante un pedido de la defensa de Mauricio Novelli, el criptoamigo del Presidente que intermedió en su vínculo con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda cuestionada.

La actual composición de la sala que tiene que intervenir es con Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con estos últimos dos en calidad de jueces trasladados y, por lo tanto, interinos. Según la velocidad que vaya a tener el trámite del expediente y de los pliegos que están en el Senado, podría darse que terminen resolviendo Llorens, Yadarola y Bertuzzi, ya como juez concursado y aprobado por el Senado.

El caso $Libra es uno de los que más preocupa a los habitantes temporales de la Casa Rosada, que pusieron al viceministro de Justicia Santiago Viola a monitorear el trámite del expediente. Hombre de confianza de Karina Milei, Viola conoce los pasillos de Comodoro Py, donde algunos todavía lo miran de reojo porque lo identifican como uno de los ideólogos de la operación de judicial y de prensa con la cual se pretendió instalar que el juez federal Sebastián Casanello había estado en la quinta de Olivos reunido con la expresidenta Cristina Kirchner, información que se comprobó falsa. Otros jueces y fiscales, sin embargo, forjaron un vínculo estrecho con el hoy viceministro, que además es apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Quien no verá su nombre publicado en el Boletín Oficial es el exjuez de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun. La calidad de exjuez la adquirió en los últimos días: el 18 de julio cumplió los 75 años (edad que fija la Constitución como límite para el ejercicio de la magistratura, tras la cual hay que conseguir una reválida del Senado) y no logró que el presidente mandara su pliego al Congreso para que se lo habilitara a quedarse 5 años más. Él pretendía quedarse y llegó a intentarlo, incluso, por la vía judicial.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que la decisión de no permitir que Irurzun continuara en el cargo está vinculada "a sus terminales". "El gobierno prefiere ganar esos espacios para colocar jueces con los cuales se pueda dialogar sin tener que involucrar a otros actores", se sinceró una fuente consultada para esta nota. Las declaraciones son sagradas, las interpretaciones son libres.

Para entender qué busca el gobierno de un juez para poder darle la posibilidad de permanecer en el cargo más allá de los 75 años, alcanza con ver, una vez más, el Boletín Oficial de la última semana. Allí apareció la designación por 5 años más de Víctor Arturo Pesino como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Fue uno de los jueces que reflotó la reforma laboral mileista que estaba trabada por la justicia. El magistrado cumple 75 años el 26 de julio, pero está tranquilo porque ya desde el martes último sabe que fue renombrado a partir del 27.

Otro tribunal que interesa al gobierno es la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país. Se trata de un tribunal dividido en cuatro salas de tres jueces. La integran 13 jueces, contando a quien ejerce la presidencia. En este momento tiene 4 vacantes, de las cuales hay 3 que podrían ser cubiertas con un concurso que ya está avanzado, pero en el que se destacaron candidatos que no son los que prefiere el gobierno. Ante ese escenario, el Poder Ejecutivo volvió a ventilar la idea de promover el achicamiento de ese tribunal, como una alternativa.

Se trata de un tribunal que, además de estar integrado por Carlos Mahiques (padre del ministro de Justicia Juan Bautista), cuenta con otros con los que el gobierno entiende que puede tender canales de diálogo. Entre ellos, alguno que podría ser candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. El tiempo revelará esta posibilidad.