El aborto legal presenta distintos desafíos a futuro.
TélamEl 30 de diciembre de 2020 se convirtió en un día histórico para las mujeres y personas gestantes argentinas después de largos años de lucha: la ley de interrupción voluntaria del embarazo era una realidad. A dos años de su promulgación y un poco menos de su instrumentación, todavía existen cuentas pendientes.
La aplicación de la norma a nivel federal tiene sus trabas: judiciales, sociales y de gestión. Desde los ministerios de Salud y Diversidad llevan adelante un trabajo articulado en el territorio junto a las áreas provinciales y municipales para profundizar la difusión de los alcances de la ley y acompañar a quienes deciden no maternar.
En una entrevista con C5N.com, la subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Diversidad, Carolina Varsky, marcó que desde la cartera acompañaron casos que se judicializaron por realizarse un aborto y advirtió las trabas que se encuentran dentro del Poder Judicial.
Para sortear las dificultades desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad llevan adelante un trabajo articulado con otras áreas como con Salud. También, se difundió material en lengua indígena para acceder a la IVE y se encuentra vigente la mesa interinstitucional conformada por la superintendencia de Salud, autoridades del Ministerio de Salud y de Comercio para "trabajar en la implementación de la ley y garantizar su cumplimiento".
Para las funcionarias las trabas responden a "cada jurisdicción y el acceso que pueda haber para la interrupción del embarazo y el desconocimiento que hace el Poder Judicial". En ese sentido, mencionó como ejemplo que en Villa María "hubo un avance de la Justicia contra las Socorristas que estaban acompañando para realizar una práctica permitida".
"Hay jurisdicciones con acceso a la IVE más complejo. Por ejemplo, en Salta, San Juan, Corrientes, existen más dificultades", señaló la subsecretaria. En esa línea, alertó sobre las complicaciones que las obras sociales ponen para acceder a la interrupción del embarazo: "Hay obras sociales que te mandan a hacer estudios adicionales o no reconocen o no habilitan la práctica".
Por su parte, Mónica Menini, especialista en género y políticas públicas y representante de Católicas Por El Derecho a Decidir Argentina, habló con C5N.com y realizó un balance sobre estos dos años de curso de la ley. Sobre ello, opinó que el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos es "enorme".
La abogada remarcó varios puntos altos sobre la aplicación de la ley entre los cuales destaca “el acceso a la información, la capacitación de los profesionales de la salud y a la calidad del servicio”.
En la misma línea, consideró importante tener acceso a misoprostol y mifepristona y su producción dentro del país como así también el proceso iniciado por parte de la ANMAT para su validación y pronta distribución.
Durante el informe oficial del Ministerio de Salud se destacó que la medicación: misoprostol, combipack (mifepristona + misoprostol) y el equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU) se distribuyen en todo el país mediante la logística del Programa Remediar y son de acceso gratuito.
Hasta ahora, hay producción pública de misoprostol en el laboratorio LIF de Santa Fe, en el Puntanos de San Luis y Profarse de Río Negro, que se utiliza para abastecimiento provincial. En relación a la mifepristona, el LIF se encuentra en proceso de desarrollo para su producción y este año el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para producirlo.
A pesar de que la cuestión parece caminar a paso firme a solo dos años de su sanción, aún hay cuestiones pendientes. Más allá de las dilaciones que se puedan presentar en el proceso, una de las dificultades más troncales tiene que ver con el alcance al derecho fuera de las "capitales".
Menini aseguró que existen visiones positivas en las ciudades, pero hacia el interior, donde hay mucha ruralidad, se sufre la falta de internet; de los servicios de salud y del acceso a los caminos. "Hay una deficiencia estructural alrededor del salud en general que impacta en derechos sexuales y reproductivos", analizó.
Para Varsky "la sanción fue un paso fundamental en el acceso a derechos sexuales y reproductivos para mujeres y otras personas gestantes", pero subrayó que "claramente se requiere de un trabajo de sensibilización y difusión en cada uno de los territorios para que todos conozcan la ley y la cumplan".
"Cuando la ley 27.610 dice y garantiza el derecho a decidir y a ceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, cualquier persona que está dentro de ese rango puede acceder a una IVE. No debería haber obstáculos", planteó.
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud, la implementación de la ley avanza a toda máquina: a dos años de la sanción de la ley, se realizaron 132.754 intervenciones IVE/ILE a lo largo de todo el país.
Hasta julio de 2022, la provincia de Buenos Aires encabezaba la lista con un total de 33147, detrás se ubicaba la Ciudad de Buenos Aires y en el tercer puesto se encontraba la provincia de Santa Fe, con 4383.
Además, el Ministerio de Salud propone un foco inclusivo ya que "la ley 27.610 explicita el derecho de las personas con discapacidad a tomar las decisiones sobre su propio cuerpo, como el resto de las personas y es una de las primeras que en su letra menciona el derecho a recibir información en formatos accesibles, contar con apoyos y que se realicen los ajustes razonables".
Las cifras también son optimistas teniendo en cuenta los prestadores médicos: al 31 de diciembre de 2020 la cantidad de efectores del sistema público de salud que habían informado la realización de interrupciones legales del embarazo eran 907; al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de efectores ascendió a 1347.
De todos modos, para Menini, una de las fervientes militantes de la Campaña por el Aborto Legal, el principal obstáculo que encuentra la normativa es el propio Poder Judicial. “Notamos mucha reticencia por parte de la Justicia, vemos una constante persecución por una ley que tuvo muchísima argumentación y debate, resultando ser un derecho adquirido. Pasó dos veces por el Congreso y tiene acompañamiento del Poder Ejecutivo”, reflexionó.
En ese sentido, la ley explica que es el propio Poder Ejecutivo el que debe proveer de información a los jueces, aunque esto todavía no logra un alcance pleno. ¿Los motivos? según Menini, esto se da porque los magistrados “carecen de formación específica, los jueces y el Ministerio Público Fiscal no pueden desconocer la ley”.
"El Poder Judicial viene a obstaculizar y eso nos impacta. A pesar de que muchas mujeres proceden como estipula la ley, son procesadas y luego sobreseídas. Usan el poder para ir más allá, convirtiéndolo en insostenible desde el punto de vista jurídico", aseveró la letrada feminista.
Entonces, más allá de este desafío puntual que involucra al Poder Judicial, el papel más grande y fundamental para impulsar esta ley tiene que ver con la visibilización, acción que provoca que este movimiento de mujeres esté tan bien visto en Latinoamérica y en el mundo.
En consonancia, las reflexiones finales de Menini tienen que ver con el rol de los medios de comunicación con este nuevo derecho adquirido para las mujeres y las personas gestantes. “Que los medios lo sostengan en agenda es una defensa de la democracia, de los derechos que logramos ampliar”, concluyó.
*Datos del Ministerio de Salud desde enero de 2021 hasta julio de 2022
Para más información, comunicarse 0800 222 3444 (Línea de Salud Sexual) o vía mail a [email protected].
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