Este lunes se cumplen 20 años de la anulación por parte del Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió la reapertura de los juicios de más un millar de acusados y que pudieran ser condenados por los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Las normas habían sido puestas en vigencia a mediados de los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín e impedían el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Pero ese 21 de agosto de 2003 el Senado convirtió en ley la nulidad de las las llamadas "leyes de impunidad".
"La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue fundamental para la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, 20 años después, hay más de 1.100 genocidas condenados y los juicios continúan", resaltó la Secretaría de Derechos Humanos en una publicación en redes sociales. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con los tiempos actuales?
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Hace poco, la vicepresidenta Cristina Kirchner habló de la necesidad de contar con una ley sobre negacionismo, ya que desde desde 2015 crecieron los discursos que buscan negar lo que pasó en la ultima dictadura.
Esta idea no es nueva y está vigente en países como Alemania, Suiza y España para evitar apologías o reivindicaciones de genocidios. En Alemania, por ejemplo, si un ciudadano reivindica el Holocausto judío llevado a cabo por el nazismo puede ir preso.
En la Argentina existe un proyecto de ley para condenar de dos meses a dos años de prisión a quien cometiera un delito similar, pero mas allá de la sanción legal lo que importa en el fondo es el tema cultural, ya que la finalidad de estos discursos es desacreditar a las víctimas y habilitar nuevas formas de violen simbólicac y físicas.