Política

Distintos sectores del peronismo, sindicatos, organizaciones sociales y militantes autoconvocados se movilizan a Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema y expresar su respaldo a la expresidenta.

La ministra de Seguridad criticó la movilización de este miércoles. "Acá hay una decisión de la Justicia, en varias instancias, de llevar adelante una investigación que terminó en un procesamiento y una condena", señaló.

Así lo anunció el Gobierno, que aseguró que la medida se toma para “garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. ATE había anunciado que llevarán a cabo la medida “en defensa de la democracia”.

Los pasajeros que bajaron de las formaciones fueron frenados apenas cruzaban los molinetes por los agentes, quienes les exigieron sus documentos, en otra maniobra de amedrentamiento dispuesta por el Ministerio de Seguridad.

El Ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), flexibilizó la normativa para civiles de adquisición y tenencia de armas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.

Fuerzas de seguridad desplegaron operativos en todo el país para requisar colectivos y entorpecer el traslado hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la previa de la manifestación en Plaza de Mayo convocada por el Partido Justicialista.

Los organizadores de la marcha calculan que un millón de personas se movilizaron en respaldo a la expresidenta, tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena en el marco de la causa Vialidad. La líder del peronismo dirigió un discurso desde su casa en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Legisladores de los bloques Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Frente de Izquierda rechazaron el DNU 383/2025, que entre otras cosas habilita el ciberpatrullaje y las detenciones sin orden judicial.

El Ministerio de Salud remarcó que el objetivo de la modificación es "terminar con un esquema hecho a la medida de los médicos extranjeros y en detrimento de los profesionales argentinos".

La presentación, realizada por ATE Capital, se interpuso contra el decreto del Poder Ejecutivo que amplió facultades a la Policía Federal