Subsidios al transporte: un problema que podría resolverse con la ayuda del sector privado

El Gobierno avanza a toda marcha con su política de equilibrio fiscal. El transporte público de pasajeros no escapó a los recortes de la motosierra. Primero fue el “Fondo Compensador del Interior” que repartió el año pasado 102 mil millones de pesos destinados a cubrir parte del valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país.

Los gobernadores pusieron el grito en el cielo y la falta de equidad con la Capital Federal y grandes sectores de la Provincia de Buenos Aires se hizo evidente. En los primeros cuatro meses del año, el AMBA recibió el 94% de los subsidios a los colectivos, mientras que las provincias del interior se repartieron el 6% restante.

Ahora la Nación inicia la eliminación de subsidios en CABA y la provincia de Buenos Aires, que afecta los subsidios para el boleto integrado de la Red SUBE en las líneas de colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También se eliminarán las subvenciones a las tarifas de las 31 empresas que son de jurisdicción porteña.

La primera consecuencia es que se verán afectados de manera directa en sus bolsillos los usuarios del AMBA. La segunda, es política, ya que no hubo acuerdo entre la secretaría de transporte que conduce Franco Mogueta y las administraciones de Jorge Macri y Axel Kicillof para afrontar la quita de manera gradual.

Pero dejemos por un momento las internas de lado. El Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA, estimó que a fines de febrero pasado los trabajadores registrados (públicos, privados, autónomos, monotributistas) eran 13,3 millones. Algo menos de la mitad corresponde al empleo formal privado.

Por otra parte, casi la mitad de los argentinos tienen un trabajo en negro o son independientes. Si dejamos la discusión política al margen y nos enfocamos en el más puro pragmatismo, la eliminación de los subsidios al transporte podría ser cubierta -en parte- por las empresas que dan empleo en el sector privado formal a 6,5 millones de personas.

Las empleadas de casas particulares cobran sus viáticos de sus empleadores. De la misma forma cada empresa podría hacerse cargo del traslado -a manera de viáticos- de sus empleados. Podría discutirse -o no- si ese plus debería ser tomado dentro de los conceptos remunerativos o quedar exceptuado de la indemnización en caso de despido.

De esta forma el Estado nacional o los estados provinciales sólo deberían subsidiar el transporte (trenes y colectivos) a los argentinos que sufren la informalidad en materia laboral -que no tienen un empleo registrado- a los independientes, los desocupados y dar la discusión respecto de los trabajadores del sector público.

La puesta en práctica, en materia de implementación, podría ser a través del sistema SUBE u otra red similar que contenga la información de cada usuario de transporte público, sobre todo en lo relativo a su perfil ocupacional. En el caso de los trabajadores privados en relación de dependencia, podría ponerse en práctica un nuevo sistema de tarjeta prepaga con saldo a cargo de la empresa que lo emplea.

De esta forma las empresas de transporte de pasajeros verían aliviados sus costos operativos (gasoil, mantenimiento de las unidades y salarios) y los cargos para su funcionamiento se repartirían de forma mucho más equitativa entre Estado y el resto de las empresas del sector privado. Es hora de derribar antiguas barreras y con la ayuda de la tecnología poner la proa hacia nuevos horizontes que sean sostenibles para todos.

Claudio Rosso es especialista en seguros y sustentabilidad.