Milei sin brújula judicial

Todo ocurrió en cuestión de horas. El presidente Javier Milei, en un acto proselitista, salió a cuestionar al juez del caso del fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, mientras que dos de sus ministros resaltaron el trabajo del magistrado. Se trata de una contradicción que expone uno de los puntos más débiles del mandatario: está sin brújula en relación al Poder Judicial.

“Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Fulfaro (dueño de HLB Pharma) un eterno socio kirchnerista, por la causa de fentanilo. O acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud (Nicolás) de (el gobernador bonaerense Axel) Kicillof. Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”, soltó el Presidente en el discurso que dio el jueves en La Plata.

La afirmación del mandatario, sin ningún elemento real que le permitiera ubicar al juez en una trama de encubrimiento, le valió una rápida respuesta de Kreplak. El magistrado difundió un mensaje en el que sostuvo: “Le recuerdo al señor Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

La brutal pelea de Milei con la Constitución no fue el único problema de su intromisión en el caso fentanilo. El otro gran problema que tiene su administración es que también está bajo la lupa por el caso: aún no está claro si algún funcionario del gobierno tendrá que dar explicaciones ante las justicia. Habrá novedades en los próximos días. Algunos movimientos al interior del Gobierno sugieren que el oficialísimo está buscando a quien execrar para descargar sus responsabilidades. Todo indica que será alguien de carrera para intentar despegar el escándalo de las filas libertarias.

Tal es el desacierto de Milei que entró en contradicción pública con dos de sus ministros. Sus dichos colisionaron con los de la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y con los del ministro de Salud, Mario Lugones.

“Yo no le quiero dar un tinte político a esto. Yo creo que el juez es un juez probo. Puede ser hermano de un ministro y eso no hace que el ministro tenga relación con esa causa. Hay que ser muy serio con estas cosas, no se puede acusar sin pruebas. Yo hablo permanentemente con el juez porque estamos trabajando en la parte operativa de esta causa porque intervienen las fuerzas federales. Tengo confianza en que está haciendo las cosas como las tiene que hacer”, dijo Bullrich en una entrevista televisiva que se emitió un rato antes del discurso del presidente.

El viernes, en otra nota televisiva, fue el propio ministro de Salud el que ponderó el trabajo de Kreplak: “La gente pude ir muy tranquila a internarse porque el fentanilo que estaba contaminado, el juez (Ernesto Kreplak) lo sacó del mercado. Así que el fentanilo que está, es el que se puede usar”. El funcionario colocó al juez en un lugar fundamental para la protección de la ciudadanía. Exactamente al revés de lo que había hecho Milei.

A la secuencia resta sumarle un dato crucial: el caso se investiga en la justicia federal de La Plata porque los casos que lo dispararon ocurrieron en el Hospital Italiano de La Plata. Fue la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Allí podían haber salido sorteados Kreplak o Alejo Ramos Padilla, que supo emitir un fallo contra el decreto de Milei para nombrar jueces en la Corte. Es contrafactico, pero se puede aventurar que el mandatario también lo habría cuestionado. Lo cual expone que la estrategia de Milei de imprimir tinte político a la causa sólo busca esconder las posibles responsabilidades del Estado que él conduce en el caso del fentanilo.

La falta de brújula del presidente en materia judicial puede verse en tantos otros movimientos. El más emblemático de su gestión fue el malogrado intento de colocar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto. A esto ahora se le sumó el postergado inicio de la aplicación del sistema acusatorio en el fuero federal porteño, previsto y ratificado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para el día 11 de agosto pasado. Eso no ocurrió porque se impuso la visión del procurador General Interino, Eduardo Casal, respaldada por todos los fiscales de Comodoro Py, que sostenía que no están dadas las condiciones materiales ni presupuestarias para implementar el sistema que los pone al frente de todas las investigaciones.

Con vacantes en la Corte, un procurador interino y casi 200 ternas frenadas en el Poder Ejecutivo que no envía los pliegos al senado para cubrir vacantes, la pregunta es si a la falta de brújula el presidente decidió agregarle un poco de caos organizado.