La Ley Ómnibus de Milei también modifica la Ley de Salud Mental

Un tema doloroso y preocupante para los familiares de los enfermos y adictos, en primer lugar, pero que a la larga o a la corta termina afectando a la sociedad en su conjunto.

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de "Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos", denominada Ley Ómnibus. Dentro de las múltiples reformas que buscará implementar se incluye el cambio a ocho artículos de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones.

La salud mental es un tema doloroso y preocupante para los familiares de los enfermos y adictos, en primer lugar, pero que a la larga o a la corta termina afectando a la sociedad en su conjunto.

La actual Ley de Salud Mental, lleva ya 10 años desde su sanción demostrando ser absolutamente ineficaz, pues no ha conseguido una mejor atención del paciente psiquiátrico.

Cabe recordar que en su génesis la ley sustrae a la enfermedad mental del ámbito de la medicina. En efecto, durante el tratamiento de la ley no fue consultado ningún estamento científico médico ni ninguna Sociedad de Psiquiatría. Es una ley construida y militada por psicólogos, abogados y políticos.

Desde un punto de vista que, supuestamente, buscó proteger los derechos del paciente en el sistema de salud, el espíritu de la normativa vigente es la antimanicomialización. Prohibió la creación de nuevos centros de salud mental cerró la mayoría de los existentes, pero no se proveyó al sistema de salud de los dispositivos necesarios para efectivizar la política, ni tampoco se dispuso dónde ubicar a este tipo de pacientes en internaciones de tratamiento prolongado.

Como ya hemos dicho otras veces el resultado de la actual Ley de Salud Mental es que haya enfermos psiquiátricos abandonados y en situación de calle en muchos rincones de la ciudad. Las familias de los pacientes psiquiátricos están abandonadas porque, aunque no es cuestión de sacarse el enfermo de encima, nadie está preparado para la muy difícil situación de lidiar con un enfermo mental o un adicto en su hogar, como resultado de ello, el enfermo no recibe la atención que necesita y la familia se dementiza. Es cierto que la enfermedad mental no es una enfermedad contagiosa, pero casi.

Uno de los puntos más controvertidos y debatidos de la actual ley es la posibilidad de hospitalización involuntaria, la modificación de este punto pondría fin a las dificultades experimentadas por familias frente a brotes o episodios agudos, situaciones en las que a menudo es complicado que los pacientes acepten tratamiento voluntario.

Si bien se mantiene la excepcionalidad de la internación como recurso terapéutico, aclara que “procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario”, en cuatro casos, cuando la persona:

1) No logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral

2) Se encuentre en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros

3) Con posterioridad a la internación bajo el supuesto del punto anterior, no entrañe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, pero no hayan cesado las causas que generaron tal situación

4) Se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometa gravemente su salud integral o desarrollo psicofísico. En este caso, es a pedido de ambos padres o de quien/es ejerzan la responsabilidad parental, tutor o a requerimiento del juez, previa solicitud del órgano administrativo competente.

La modificación de la ley faculta al juez a “adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”.

Como ya se dijo más arriba, otro de los puntos conflictivos de la normativa vigente es la prohibición expresa dela creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”.

La modificación a la Ley enviada al Congreso deja sin efecto dicha prohibición, y especifica que “los hospitales o centros médicos, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos, y de acuerdo a las reglamentaciones que establezca la autoridad de aplicación”.

Realmente, las reformas propuestas fueron bien recibidas en el ambiente interesado, pues en su mayoría son reformas que fueron propuestas en diversos proyectos de modificación a la Ley de Salud Mental en los últimos 10 años. Quedan todavía algunas cuestiones por aclarar y otras por modificar pero no se puede dejar de reconocer que la iniciativa es buena.

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