El gobierno de Venezuela comenzó formalmente la remodelación del Helicoide, la emblemática sede del servicio de inteligencia (Sebin), con el objetivo de transformarlo en un espacio de uso comunitario. La medida, ordenada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a casi un mes de su asunción, busca desmantelar lo que la oposición y organismos de derechos humanos califican como un símbolo de tortura sistemática.
El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, confirmó que el proyecto ya superó la fase de planificación y consultas con la comunidad y la familia policial. “Hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, detalló el funcionario respecto al levantamiento arquitectónico que pretende borrar el pasado represivo del edificio.
Según informó el ministro de Comunicaciones, Miguel Pérez Pirela, la directiva oficial es convertir la estructura “en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”. Esta transición se enmarca en una agenda de reformas legislativas y estructurales impulsadas bajo la presión de la comunidad internacional y los Estados Unidos.
En paralelo, la administración de Rodríguez avanza con la aplicación de una histórica ley de amnistía que abarca hechos ocurridos durante los últimos 27 años de gobierno chavista. Esta herramienta legal busca consolidar lo que la mandataria definió como el paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, en un intento por pacificar el escenario político interno.
Gonzalo Himiob, vicedirector de la ONG Foro Penal, reportó que desde la entrada en vigencia de la ley se han concretado 65 liberaciones hasta este lunes, incluyendo 43 registros solo durante el domingo. La organización continúa el proceso de verificación de casos, mientras el sistema judicial procesa cientos de solicitudes de detenidos que buscan acogerse al beneficio.
No obstante, el alcance de la medida genera incertidumbre, ya que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que más de 1.500 personas solicitaron la amnistía. Se estima que cientos de detenidos, particularmente militares acusados de actividades calificadas como terroristas, podrían quedar excluidos de este proceso de liberación y perdón legal.