Un juez federal de Nueva York impuso un plazo de catorce días a la Administración de Donald Trump para entregar el documento secreto con la justificación legal de sus ataques militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.
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El magistrado federal Paul Engelmayer ordenó a la Casa Blanca entregar el memorando confidencial en un plazo de 14 días. La resolución busca analizar en privado bajo qué autoridad del Gobierno ejecuta operaciones contra embarcaciones en alta mar.
El magistrado Paul Engelmayer ordenó a los Departamentos de Justicia y Defensa poner a su disposición el memorando para su examen privado. La decisión representa un paso clave para esclarecer con qué autoridad la Casa Blanca utiliza fuerza letal en estas operaciones.
La orden judicial exige información adicional para aclarar la circulación del texto dentro de la Administración y el papel de este informe en el asesoramiento directo al presidente. El tribunal quiere conocer los argumentos antes de fallar sobre su nivel de confidencialidad.
El documento en disputa consiste en un memorando redactado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Este texto establece la autoridad del Poder Ejecutivo para ordenar ataques letales contra las mencionadas embarcaciones.
La Administración estadounidense defiende la campaña militar por seguridad nacional
El Gobierno defendió públicamente su autoridad para ejecutar estas operaciones militares. La administración Trump sostuvo en diversas ocasiones que Estados Unidos se encuentra inmerso en un "conflicto armado" con determinadas organizaciones designadas como terroristas.
A pesar de las declaraciones oficiales, el Ejecutivo nunca publicó el análisis jurídico completo que sustenta su posición sobre este tema. Estados Unidos inició estos ataques en septiembre de 2025 como parte de una estrategia contra cárteles criminales.
Esta interpretación de la Casa Blanca provocó severos cuestionamientos sobre el alcance de los poderes presidenciales. El accionar también generó dudas sobre las normas legales que regulan el uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense.
El propio juez concluyó en su resolución que el Pentágono adoptó el memorando como el marco que define los límites de su autoridad. La medida judicial no declara ilegales las operaciones, pero acerca al tribunal a la respuesta que el Gobierno mantiene en secreto.
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