Un grito feminista en Latinoamérica

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Presidencia de Colombia en agosto de 2022 despertó grandes esperanzas de que finalmente se concrete la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, paridad, y espacio para sectores históricamente relegados.

Gustavo Petro y Francia Márquez prometieron durante su campaña presidencial que las mujeres ocuparían “el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y ramas del poder”. También propusieron la creación de un Ministerio de la Igualdad que articule políticas integrales de la mujer, diversidad de género y orientación sexual. Pusieron en escena la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para nivelar la brecha de género en la división del trabajo no remunerado. Y al mismo tiempo, encararon el flagelo de la violencia de género con la promesa de la creación de un sistema nacional de alertas tempranas y capacitación a funcionarios públicos y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, acatando la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto y propiciando el acceso a anticonceptivos y una “higiene menstrual digna”.

¿Cuánto de todas estas promesas han podido ejecutar a menos de un año de su llegada al poder?

Francia Márquez es la primera mujer afrocolombiana en llegar a la vicepresidencia en un país donde los líderes blancos de la elite urbana han gobernado tradicionalmente, y la segunda en Latinoamérica luego de Epsy Campbell, de Costa Rica. De origen humilde, madre soltera a los 16 y activista, trabajó en una mina de oro y como empleada doméstica para llevar el sustento de su familia. Con los años se convirtió en técnica agrónoma y abogada y llevó su voz a lo más alto en la defensa medioambiental y en la lucha por los derechos de las mujeres y étnicos. Pero su aparición en la escena política tomó fuerza de la mano de Petro, y dejó de manifiesto que Colombia continúa teniendo un fuerte arraigo racista que le valió no solo amenazas sino un intento de magnicidio ya en funciones cuando su custodia encontró 7 kilos de explosivos a la vera de la ruta por donde debía pasar para dirigirse a su vivienda.

Pero no solo una mujer ocupa el segundo cargo del Poder Ejecutivo, sino que el gabinete ministerial está conformado por un 41.5% de mujeres, de acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, a pesar de la promesa del primer gobierno de izquierda de establecer una auténtica asignación paritaria en los cargos ministeriales. La participación política de las mujeres en el Congreso representó apenas un 4% entre 1958 y 1986, número que se elevó a 12% en 1991 y hasta 2018 existió un techo del 20% que fue roto en 2022 al aumentar hasta el 28%, aún cuando la cuota de participación asigna un mínimo del 30%.

La agenda legislativa colombiana cobró impulso en materia de derechos feministas desde 2022. Si en el año 2000 se sancionaba la ley de cuotas que establecía un piso mínimo del 30% de participación política femenina en las listas electorales, 20 años más tarde se intentó a través de una reforma del Código Electoral llevar esa cuota a la paridad, asegurando una participación ya difícil de completar hasta el 50%. Pero la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la reforma por vicios de procedimiento y todo volvió a foja cero. La nueva ley de paridad que se impulsa el tándem Petro - Márquez intenta reflotar la obligación a los partidos políticos de inscribir listas únicas, cerradas y con alternancia de género paritaria.

Poco antes de finalizar el gobierno de Iván Duque, el Consejo Nacional de Política Económica y Social probó la “Política de Equidad de Género”, un documento con fuerza de política de Estado que busca establecer una hoja de ruta en esta área, para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres. De esta forma, se establecen 6 ejes fundamentales que todo gobierno colombiano deberá garantizar:

• Autonomía económica de las mujeres en condiciones de equidad.
• Avance hacia la paridad y una mayor participación en la toma de decisiones.
• Salud de las mujeres.
• Prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres.
• Impulso del liderazgo femenino en la construcción por la paz.
• Fortalecimiento institucional.

La entonces Consejera Presidencial para la Mujer Gheidy Gallo explicó que “la principal apuesta gira en torno del eje de la autonomía económica como puerta habilitadora hacia los demás derechos”.

Según cifras del último censo colombiano, las mujeres representan el 51,2% de la población nacional, lo que equivale a más de 22 millones y medio de personas. De esas, 5,7 millones habitan en la ruralidad. Por esta razón, el documento aprobado presta especial atención a las mujeres de la Colombia rural, donde las problemáticas suelen profundizarse.

¿Qué tan grande es la brecha de género en Colombia?

De acuerdo a datos de 2021 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, las mujeres colombianas destinan 34 horas semanales al trabajo no remunerado y 17 al trabajo pago, mientras que los hombres lo hacen a razón de 12 horas no remuneradas y 39 horas pagas.

En este sentido, el gobierno de Patro y Márquez lograron la aprobación del Sistema Nacional de Cuidado para reconocer, recompensar, reducir y redistribuir las tareas de cuidado que tradicionalmente han desempeñado casi de manera exclusiva las mujeres, con la intención de garantizar un ingreso básico por encima de la línea de pobreza para jefas de familia.

El mismo organismo destaca que al menos 3 de cada 10 mujeres de la población urbana no percibe ingresos propios, mientras que entre los hombres solo el 14% carece de sustento propio. Pero la brecha es alarmante en la zona rural, donde casi 5 de cada 10 mujeres no tienen ingresos propios mientras que en los hombres la relación es a razón de 1 en 10.

Un reciente informe de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) destaca que la brecha salarial más acentuada se encuentra en Bogotá, donde las mujeres perciben un salario promedio de USD 373, mientras que los hombres reportan salarios de USD 428. De acuerdo a información difundida en 2022 por la OCDE, la brecha salarial de Colombia sería del 4%, sin embargo, dos años antes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del país reportaba que la brecha había alcanzado el 12,9%. El mismo informe de Acrip indicaba que en posiciones gerenciales los hombres ganan un 36% más que las mujeres.

La brecha de género en Colombia se mantiene incluso cuando las mujeres colombianas están mejor formadas en materia académica respecto de los hombres, según un relevamiento del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana que analizó datos de la DANE: las mujeres registran un promedio de 10 años de educación contra 9 años de los hombres pero perciben ingresos de al menos un 17,5% menos que los hombres, independientemente del nivel educativo. Y esto se evidencia también en brecha de participación económica donde estadísticas oficiales señalan que por cada 100 hombres que forman parte dela fuerza de trabajo, 79 mujeres también lo hacen.

Una de las primeras leyes impulsadas por Petro y Márquez fue “Ley de los 1.000 días”, que protege integralmente la salud de las mujeres durante el embarazo y los primeros tres años de vida de los niños, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil, malnutrición y desnutrición infantil y materna.

Pero en otro orden de cosas, el aborto quedó garantizado en febrero de 2022 con una acordada de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las semana 24 de gestación, lo que convirtió a Colombia en uno de los países con plazos más amplios para realizarlo.

La violencia de género y los feminicidios no demuestran ceder ante un gobierno feminista. Colectivos de mujeres y ONGs pidieron al gobierno de Petro que declare la emergencia en la materia al constatar el avance de la violencia machista, que en el primer mes y medio de 2023 se cobró la vida de al menos 25 mujeres. Pero el total de casos es alarmante, porque en 2022 se contabilizaron 500, frente 106 de 2021.

Pero el proyecto más ambicioso llegó de la mano de Francia Márquez, que logró la creación del Ministerio de la Igualdad y Género que ella misma dirigirá. Esta cartera recientemente creada tiene cuatro objetivos centrales:

• La igualdad salarial entre hombres y mujeres.
• Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión.
• Un ingreso vital, conformado por medio salario mínimo para las jefas de familia.
• Hacer en la reforma agraria y en la economía popular a la mujer como titular de propiedad y como sujeto de crédito de fomento para emprender.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez promete ser el más feminista y paritario de la historia de Colombia. A menos de un año de su asunción ya han dado las primeras señales visibles de su hoja de ruta, pero aún resta gran parte de su mandato para los balances finales.