España: qué plantea el proyecto que busca limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años

En el proyecto se aclara que ya existe una regulación al respecto en el país: los menores de 16 años pueden abrirse cuentas en redes sociales con autorización de sus padres. A partir de esa edad, no existe ninguna limitación.

Entre los países europeos se está construyendo un consenso de que las redes sociales no son seguras para los menores de edad. La semana pasada, Francia logró media sanción para prohibirlas a menores de 15, y Australia es, por el momento, el único país que ya las prohibió a menores de 16 alegando la prevención de problemas de salud.

España va un paso más allá y señala responsables: no deja el foco solo en los usuarios detrás de los perfiles en redes sociales, sino que incluye a quienes las dirigen y las programan. Argentina no cuenta con ninguna medida similar y el tema no está en agenda parlamentaria.

"Las redes sociales, sus empresas, son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación es mayor", advirtió Sánchez.

Las 4 claves del proyecto de Pedro Sánchez en España

• Verificación de edad: las plataformas quedarían obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, no declaraciones ni confirmaciones. Las empresas deberán garantizar que los menores no puedan burlar ese control.
• Consecuencias penales: los directivos de plataformas podrían terminar en la Justicia y ser condenados a prisión por no actuar con rapidez ante la difusión de contenidos ilegales o dañinos.
• Manipulación del algoritmo: tipificaría como delito la manipulación del algoritmo de las redes sociales que sea usada para amplificar mensajes de odio, desinformación o contenidos ilegales.
• Intervención de discursos de odio: desarrollaría herramientas para medir y rastrear el impacto de los discursos de odio y la polarización en las plataformas para crear indicadores que permitan intervenir sobre ellos rápidamente. Además, impulsaría una mayor coordinación con fiscalías que investigan delitos digitales.